POLÍTICA/LEYES
Uniformes desiguales: cuando una profesión de riesgo depende del boletín oficial
Hay agravios comparativos que claman al cielo. Y luego está este.
En España puedes jugarte la vida persiguiendo narcos en el Estrecho, intervenir en un atraco con rehenes, acudir al aviso de una violencia doméstica con un cuchillo al otro lado de la puerta, patrullar de madrugada en barrios conflictivos o tragarte décadas de turnos imposibles, tensión permanente y desgaste psicológico… y, aun así, no ser considerado profesión de riesgo en igualdad de condiciones con otros cuerpos policiales.
Es decir: el riesgo existe, pero según quién lleve el uniforme.
Porque aquí no discutimos si la Policía Nacional o la Guardia Civil tienen trabajos duros, peligrosos o físicamente exigentes. Eso no lo discute nadie con un mínimo de honestidad intelectual. Lo que se discute es cómo el Estado ha terminado construyendo un mapa desigual donde unas policías sí acceden a jubilaciones anticipadas por penosidad y otras no, o no plenamente.
Y eso es difícil de explicar al ciudadano corriente.
¿Cómo se le cuenta a un español que un agente de la Ertzaintza o de una Policía Local puede tener reconocido un coeficiente reductor, mientras que quien lleva 35 años en la Guardia Civil patrullando carreteras, montes, pueblos aislados o luchando contra el crimen organizado sigue atrapado en otro sistema administrativo? ¿De verdad el problema es el riesgo… o la burocracia?
Porque ésa es la madre del cordero: no manda la lógica, manda el laberinto.
Durante años, la jubilación anticipada por actividad penosa se ha vinculado a normas, regímenes y encajes legales distintos. Unos cotizan aquí, otros allá. Unos entran por el Régimen General, otros por Clases Pasivas. Unos tienen decreto específico. Otros esperan turno. Traducido al castellano de la calle: no se trata de quién arriesga más, sino de en qué casilla administrativa cayó.
Y eso es un disparate.
El Real Decreto antiguo y su actualización posterior hablan de criterios objetivos: peligrosidad, toxicidad, penosidad, morbilidad, mortalidad, bajas laborales, exigencia física o psíquica con la edad. Perfecto. Pues apliquemos esos criterios con seriedad. Midamos noches trabajadas, intervenciones violentas, estrés postraumático, lesiones musculoesqueléticas, suicidios, incapacidades, envejecimiento prematuro. Y después decidamos. Pero para todos igual.
Lo contrario es premiar el uniforme y castigar el escudo.
Además, hay una verdad incómoda que muchos políticos prefieren no mirar: el policía y el guardia civil no envejecen en un despacho. Envejecen en la calle. Y la calle pasa factura. Las rodillas, la espalda, el sueño roto, la hipervigilancia, la tensión familiar, la fatiga mental de quien nunca sabe si la siguiente llamada será rutina o tragedia.
Luego llega el discurso oficial: “el coste económico”. Claro que cuesta dinero. También cuesta no hacerlo: bajas, incapacidades, desmotivación, fuga de talento, plantillas envejecidas y sensación de abandono. Lo barato sale caro. Y la injusticia, más.
Mientras tanto, España mantiene esa escena absurda donde servidores públicos que comparten peligros similares reciben respuestas distintas según el boletín oficial que les tocó en suerte.
No se pide privilegio. Se pide coherencia.
Mismo trabajo de riesgo, mismo reconocimiento.
Mismo desgaste, mismo derecho.
Mismo uniforme al servicio del ciudadano, misma dignidad al final de la carrera.
Lo demás son excusas con membrete.
Y por si faltaba algo, el verdadero problema ni siquiera es el riesgo, que existe y nadie sensato discute. El problema está en los cajones administrativos donde el Estado ha ido metiendo a cada cuerpo policial durante décadas. Distintos regímenes, normas heredadas, sistemas de cotización y laberintos jurídicos que terminan provocando una injusticia evidente: trabajos semejantes, derechos distintos.
La solución no parece imposible si hubiera voluntad política. Bastaría una ley común para todas las policías basada en funciones reales y no en etiquetas burocráticas. Mismos criterios objetivos para todos: peligrosidad, agresiones sufridas, turnos nocturnos, desgaste físico, estrés psicológico y bajas acumuladas. Y a partir de ahí, una integración progresiva de los sistemas antiguos, con financiación clara y calendario serio.
Porque lo razonable es muy simple: si dos agentes soportan el mismo riesgo y el mismo desgaste, no deberían jubilarse con derechos diferentes por culpa de un formulario firmado hace treinta años.
Cuando el papeleo pesa más que la realidad de la calle, el Estado no administra: discrimina.
¡Por un cambio de la Ley que ampare por igual a todos los cuerpos de seguridad del Estado!
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