LA AMENAZA DE LA TIRANÍA EN DEMOCRACIAS CON UN PODER LEGISLATIVO DESPÓTICO

LA AMENAZA DE LA TIRANÍA EN DEMOCRACIAS CON PODER LEGISLATIVO DESMEDIDO

Pepe Rojas Molina

"Jubilado, analista de la realidad"

La Amenaza de la Tiranía en Democracias con Poder Legislativo Desmedido

25 julio 2024

En las democracias modernas, la separación de poderes es fundamental para garantizar el equilibrio y prevenir abusos. Sin embargo, cuando el poder legislativo acapara excesivo poder y manipula la justicia para satisfacer sus necesidades, la democracia puede degenerar en una tiranía de facto.

El riesgo latente de la concentración de poder

La concentración de poder en el ámbito legislativo puede socavar los principios básicos de una democracia. La función principal del poder legislativo es crear leyes, pero también puede modificarlas o eliminar aquellas que no le son convenientes. Una mayoría despótica puede abusar de esta capacidad, erosionando la justicia y equidad fundamentales para el funcionamiento democrático.

En una configuración ideal, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial actúan como contrapesos entre sí. No obstante, cuando los legisladores logran dominar y controlar al poder judicial, se crea un desequilibrio peligroso. Las decisiones legislativas dejan de estar sujetas a un control judicial imparcial, lo que permite la implementación de leyes arbitrarias que favorecen a aquellos en el poder.

Tenemos ejemplos muy claros de países donde la democracia se ha desvirtuado para convertirse en verdaderas tiranías de poder. Venezuela, con Hugo Chávez primero y su heredero Nicolás Maduro, es un ejemplo evidente en los últimos años, donde es habitual registrar irregularidades en elecciones, restricciones a la libertad de prensa, control gubernamental sobre los medios de comunicación y las redes sociales, además de la restricción a un control internacional y la brutal represión de la oposición política.

En Rusia, se han utilizado tácticas de desinformación y manipulación en las redes sociales para influir en elecciones y silenciar a la oposición. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha restringido la libertad de prensa y utiliza las redes sociales para difamar a opositores y periodistas. Turquía, ha restringido la libertad de prensa, cerrando medios independientes y arrestando a periodistas críticos.

Estos ejemplos demuestran cómo la concentración de poder y la manipulación de los mecanismos democráticos pueden transformar democracias en tiranías, erosionando derechos fundamentales y socavando la equidad y justicia que son esenciales para el funcionamiento democrático.

En España, por el bien de nuestra democracia y la buena convivencia, no queremos que ocurran casos como los de estos países. Los españoles deseamos, ante todo, que se respete la libertad de opinión y que la Justicia ejerza su función de control, asegurando que la democracia y la libertad sean protegidas y respetadas.

Un golpe a la independencia judicial cuando se la quiere manipular

La independencia del poder judicial es un pilar esencial de cualquier democracia. Garantiza que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos. Sin embargo, cuando el poder legislativo interviene en la justicia, los jueces pueden verse obligados a tomar decisiones que no se basan en la ley ni en principios de justicia, sino en la conveniencia política. Esta manipulación erosiona la confianza pública en el sistema judicial y en el estado de derecho.

La tiranía de las mayorías erosiona la democracia

Una democracia verdadera se sustenta en la participación ciudadana y en un sistema de pesos y contrapesos que evita la concentración del poder. Cuando una mayoría legislativa se aprovecha de su posición para imponer su voluntad sin considerar a la oposición o los principios de equidad, se produce la tiranía de la mayoría. Esta situación lleva a la implementación de leyes y políticas injustas y discriminatorias, perpetuando la desigualdad y el abuso de poder.

El camino hacia la solución

Para evitar que una democracia se transforme en tiranía, es crucial fortalecer las instituciones democráticas. Esto implica garantizar la independencia judicial, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y asegurar mecanismos efectivos de control y equilibrio entre los poderes del Estado. Solo así se puede preservar una democracia que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo y proteja los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

En España, una significativa proporción de los miembros de las principales instituciones judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional, son designados por el poder legislativo y el gobierno. Esto plantea preocupaciones serias sobre la independencia judicial y la separación de poderes en el Estado. La percepción ciudadana es claramente de una manipulación del poder judicial. Si queremos una justicia verdaderamente independiente, los jueces y magistrados no pueden ser nombrados por el poder legislativo y el ejecutivo, pues existe el riesgo de que estos jueces se sientan presionados o comprometidos a tomar decisiones que favorezcan a quienes los nombraron.

La separación de poderes es un principio central para una democracia efectiva y para prevenir su erosión por la manipulación política, donde los controles y equilibrios necesarios se ven debilitados. La percepción de independencia judicial es tan importante como la realidad. Si los españoles creemos que el poder judicial está influenciado por intereses políticos, nuestra confianza en la democracia se deteriora, lo que puede llevar a una disminución del respeto por las decisiones judiciales y a un aumento del cinismo político. Cuando los jueces son nombrados por políticos, existe el riesgo de que se seleccionen candidatos con lealtades políticas o ideologías específicas, resultando en decisiones judiciales que no se basan en la ley y la justicia, sino en la conveniencia política, lo que socava la equidad y la justicia.

Es necesario que la Constitución Española se reforme para abordar estos problemas, reduciendo al mínimo posible la influencia política en el nombramiento de los jueces. La salud de la democracia española depende de estas reformas, que aseguren una mayor independencia judicial, fortalezcan la separación de poderes y restauren la confianza pública en el sistema judicial.

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