Pepe Rojas Molina
´Jubilado, analista de la realidad´
18/09/2024
Ayer, muchos ciudadanos celebramos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula varios preceptos de la Ordenanza 10/2021, la cual establecía las zonas de bajas emisiones.
Esta decisión asesta un golpe directo a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, modificada en 2021, al eliminar las disposiciones que definían las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE).
¿La razón? Algo tan elemental como la ausencia de un informe de impacto económico. En su empeño por ser los más "verdes" del barrio, el Ayuntamiento de Madrid olvidó una regla básica: no se pueden imponer restricciones sin considerar quién las va a pagar.
El tribunal no niega que la lucha contra la contaminación sea necesaria, pero sí deja claro que no se puede poner en marcha una especie de “fiscalidad ambiental” sin valorar cómo afectará a quienes menos pueden permitírselo, y mucho menos a miles de autónomos y pequeñas empresas que dependen de vehículos antiguos. Un detalle menor, claro, si tu afán es ser el ejemplo de ser el referente verde de Eupopa cueste lo que cueste.
El fallo es demoledor: no hubo una ponderación real de los beneficios y costes de estas medidas, y el Ayuntamiento, de nuevo, se saltó el "principio de transición justa", algo que la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética señala expresamente. Pero, claro, cuando el eslogan verde suena más alto que la realidad económica, los detalles como la justicia social pasan a un segundo plano. Y aquí estamos, con una ordenanza que pretende salvar el planeta mientras hunde a los que menos tienen. Una ecuación que ni siquiera el Tribunal Supremo ha podido justificar hasta la fecha.
El Ayuntamiento de Madrid jugó, primero con la anterior alcaldesa, la Sra. Carmena, y ahora con el alcalde Almeida ampliando las zonas ZBE, a ser los paladines de la sostenibilidad mientras olvidaban, una vez más, que gobernar implica mirar más allá de los titulares. En su carrera por implantar una “Madrid verde”, ha dejado a la mitad de su población fuera de juego, empezando por los ciudadanos que no pueden permitirse cambiar de coche cada vez que la administración se inventa un nuevo criterio ambiental. En lugar de hacer política seria y responsable, nos encontramos con un ejercicio de postureo verde que olvida a quienes más dependen de un vehículo: autónomos, pequeños empresarios y ciudadanos de a pie.
¿Es necesario reducir la contaminación? Sin duda. Pero esta obsesión por ser el ejemplo de Europa huele más a una estrategia de marketing mal planificada que a una política coherente. Una política que, en teoría, defiende a los vulnerables, pero que en la práctica los está arrinconando. El mensaje es claro: "si no tienes dinero, lo siento, el coche no es para ti". La transición ecológica es un imperativo, pero lo es aún más hacerlo de manera justa.
Lo que esta sentencia deja al descubierto es la desconexión absoluta entre las élites que diseñan estas normas y la realidad de quienes las sufren. Una vez más, se ha demostrado que las políticas grandilocuentes sin una base real no son más que humo. Y en este caso, ni siquiera ecológico.
Por supuesto, no queda más que agradecer a VOX, el único partido con la valentía suficiente para plantar cara a estas "injustas" disposiciones. Fue el único que se atrevió a presentar el recurso que ha terminado por tumbar las Zonas de Bajas Emisiones aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 13 de septiembre de 2021, mientras el resto de partidos miraban hacia otro lado o se sumaban al coro del "ecologismo de escaparate".
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