El Tribunal Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos

Por unanimidad

Pepe Rojas Molina

Liberado, analista de la realidad´

21 de octubre de 2024

El Tribunal Supremo ha abierto la caja de Pandora. Y esta vez, en lugar de ser la corrupción, los sobornos o los tratos de favor lo que sale a la luz, 
el protagonista es nada menos que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
 Sí, ese mismo que debería estar velando por la legalidad, se ve envuelto en un presunto delito de revelación de secretos. ¿Ironico? No, más bien predecible. 
Es como si los encargados de vigilar el gallinero fueran, al final, los primeros en abrir las puertas.
Y lo más jugoso del caso: no es que García Ortiz haya hecho todo esto solo, sino que, como en cualquier trama de película de sobremesa, hay una cómplice perfecta, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Ambos están señalados por haber revelado información sobre una investigación por delitos de fraude fiscal. ¿Qué ocurre? Pues que la información, esa que debería haberse quedado entre bastidores, acabó siendo portada antes de que los correos confidenciales llegaran al escrutinio público. Ah, pero no fue culpa de nadie, claro. Solo “coincidencias” entre la Fiscalía y los medios.

El Tribunal ha dicho que sí, que las señales están claras y que hay que investigar. ¿Pero realmente esperamos que esta investigación llegue a buen puerto? Aquí lo interesante no es solo el qué, sino el cómo. ¿Cómo es posible que esta información saltara a los medios antes de tiempo? ¿Es que el fiscal general y la fiscal jefa juegan a ser portavoces de prensa? Parece que algunos disfrutan tanto del poder que se olvidan de las reglas que ellos mismos deberían imponer.

Lo más sabroso de todo este embrollo es que el propio tribunal admite que los correos revelados no eran desconocidos del todo. Ya circulaban por las redacciones de los medios. Entonces, ¿por qué molestarse en mantener las apariencias? Es casi como si los implicados pensaran: "Bueno, si ya lo sabe todo el mundo, ¿qué más da si revelamos un poquito más?". 
Total, lo importante es que alguien asuma la culpa, y si el fiscal general tiene que ser ese alguien, pues mala suerte.
Pero claro, aquí la gran pregunta es: ¿qué pasa con el derecho de defensa del particular involucrado en la investigación? Ah, sí, ese pequeño detalle. Porque, entre filtraciones y correos volando de un lado a otro, lo que realmente está en juego es la presunción de inocencia de un individuo. Un derecho básico que, al parecer, quedó pisoteado en el proceso. Porque en este país, cuando el espectáculo empieza, el show debe continuar, cueste lo que cueste.

Lo más preocupante de todo esto es la sospecha de que esta revelación no es más que la punta del iceberg. Y si este es el nivel de transparencia que maneja la Fiscalía, ¿qué más nos estarán ocultando? La Sala del Tribunal Supremo ha decidido abrir diligencias, sí, pero, en un sistema donde los lobos cuidan de las ovejas, resulta difícil no ser escéptico. 
¿Realmente se llegará hasta el fondo del asunto, o esto terminará siendo otro caso más que se pierde entre los vericuetos del poder judicial, 
o que el mismísimo poder ejecutivo, con su vara dictadora de mando, encubra a su peón fiscal?

El tiempo lo dirá. 



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