CRONOLOGÍA DEL DESASTRE: LA DANA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2024 Y LA INCOMPETENCIA INSTITUCIONAL
Y para añadirle un toque surrealista a la historia, nos enteramos de que la ministra de Transición Ecológica, pieza clave en este tipo de crisis, estaba en Colombia, enterándose por teléfono de lo que ocurría en su propio país.
El Código Civil y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado establecen que las administraciones públicas deben responder por los daños causados cuando haya fallos o retrasos en la actuación que pudieran haber evitado tragedias como esta. La desprotección de la ciudadanía, la tardanza en los avisos y la falta de medidas preventivas colocan a los responsables políticos en el foco de la justicia. Las familias que han perdido seres queridos y propiedades tienen el derecho de exigir que se esclarezca si hubo omisiones graves en la cadena de mando, y de que
Pepe Rojas Molina
´Liberado, crítico de la realidad´
martes 12 de noviembre de 2024
Desde el primer aviso meteorológico hasta la última lágrima de los damnificados, lo ocurrido con la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana es el ejemplo perfecto de cómo la burocracia y la descoordinación institucional convierten un aviso en tragedia. Lo que comenzó como una previsión de lluvias se transformó en un caos de aguas desbordadas, barrancos enfurecidos y familias atrapadas entre el desastre natural y la indiferencia política. Aquí no se trata solo de una catástrofe climática; hablamos de una cadena de negligencias, de decisiones tardías y, por qué no decirlo, de una dejadez inaceptable.Primeros Avisos: ¿Quién escucha a la AEMET?El miércoles 23 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) empezó a lanzar sus primeras alertas. "Cuidado, que viene una DANA", decían. El problema es que, como siempre, pareciera que los avisos meteorológicos entran por un oído y salen por otro en los despachos gubernamentales. Tres avisos especiales fueron emitidos por la AEMET en los días siguientes, alertando sobre la inminente llegada de lluvias intensas en el este del país. El lunes 28, a las 14:00 horas, el segundo aviso de la AEMET ya apuntaba a lluvias extremas en Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Pero parece que la naturaleza tiene más sentido de la urgencia que nuestras instituciones.
Martes 29: El Día Crítico y la Descoordinación GeneralizadaEl martes 29, la DANA ya no era una amenaza hipotética. A las 7:45 de la mañana, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana (CCECV) decretó el nivel rojo en el litoral sur de Valencia. Para entonces, la AEMET había elevado el riesgo al máximo en la región. Las lluvias torrenciales no solo eran una posibilidad, eran una realidad. Pero, a pesar de las alertas rojas y la clara amenaza, las acciones concretas brillaron por su ausencia. La descoordinación entre las administraciones regionales y estatales fue evidente desde las primeras horas del día. A las 13:00, el presidente de la Comunidad Valenciana aparecía en rueda de prensa, asegurando que “en torno a las 18:00 horas la situación se tranquilizará”. Para entonces, ya llovía a mares y los barrancos comenzaban a desbordarse.
El Aviso Tardío: Una Alerta que No Llegó a TiempoLa tragedia llegó cuando las decisiones políticas no lo hicieron. A las 20:12 del martes, por fin, la Generalitat Valenciana envió un mensaje a los teléfonos móviles de la población: “Fuertes lluvias, eviten desplazamientos”. ¿En serio? Para ese momento, las zonas del sur de Valencia estaban bajo el agua. Vecinos de Utiel,Torrent, Alfafar, Algemesí, Catarroja, Massanassa,Paiporta, Picanya, Valencia capital, y otros municipios ya habían perdido coches, viviendas y, en algunos casos, hasta sus vidas. La pregunta es sencilla: si los datos estaban disponibles, si las alertas eran claras, ¿por qué esperaron tanto para advertir a la población?
Confederación Hidrográfica: Unos Datos IgnoradosLa Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hizo lo que le correspondía: monitorizó el caudal de los ríos, emitió informes y alertó a las autoridades de Protección Civil sobre el aumento del caudal en barrancos como el del Poyo, que alcanzó niveles críticos desde la mañana. Pero, de nuevo, parece que esas alertas cayeron en saco roto. La CHJ no tiene la capacidad de emitir avisos directos a la ciudadanía, su papel es proporcionar los datos a las autoridades competentes. Y esas autoridades competentes, esas que tenían que actuar, optaron por la inacción o la reacción tardía.
El Gobierno Central: Movimientos a Última HoraMientras la Comunidad Valenciana se inundaba, el Gobierno central no intervino hasta bien entrada la tarde. A las 20:00, el Ministerio del Interior y el de Transición Ecológica comenzaron a tomar medidas, pero para entonces el daño ya estaba hecho. ¿Qué ocurría en las altas esferas? La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana recibió una llamada a esa hora, alertándola del posible riesgo de rotura de la presa de Forata. Aunque esta no llegó a romperse, el pánico ya estaba desatado, sin olvidarnos del barranco del Poyo que se transformó en un furioso torrente sumergido bajo las aguas.
Y para añadirle un toque surrealista a la historia, nos enteramos de que la ministra de Transición Ecológica, pieza clave en este tipo de crisis, estaba en Colombia, enterándose por teléfono de lo que ocurría en su propio país.
La Tormenta Perfecta de la Ineficiencia y la Responsabilidad CivilEl 29 de octubre de 2024 será recordado no solo por la fuerza devastadora de la DANA, sino también por la ineficacia de nuestros líderes. Aquí no solo llovió agua, llovieron errores, negligencias y una preocupante falta de previsión. La naturaleza no puede evitarse, pero la tragedia humana sí. No es la primera vez que el clima nos pone a prueba, pero es desolador ver cómo las instituciones que debían proteger a la ciudadanía volvieron a fallar.
Las Responsabilidades Civiles: La Justicia y el Peso de la InacciónAnte estos hechos, queda claro que las autoridades, aunque no sean culpables de la furia de los fenómenos atmosféricos, sí tienen una responsabilidad civil y judicial en la cadena de errores que desencadenaron tantas muertes y pérdidas materiales. Los datos estaban ahí, las previsiones eran claras, pero la respuesta institucional fue lenta y descoordinada. Aquí no hablamos de mala suerte ni de inevitables fuerzas naturales. Hablamos de una negligencia que podría ser perseguida judicialmente. Una cosa es indiscutible: tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno central han fallado en su coordinación. Ya no es válido que se pasen la responsabilidad de unos a otros sin asumir culpas. Tras una tragedia de esta magnitud, esas excusas no tienen cabida. La ciudadanía exige más seguridad y menos politiqueo vacío, que no aporta soluciones y solo profundiza la desconfianza en las instituciones.
El Código Civil y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado establecen que las administraciones públicas deben responder por los daños causados cuando haya fallos o retrasos en la actuación que pudieran haber evitado tragedias como esta. La desprotección de la ciudadanía, la tardanza en los avisos y la falta de medidas preventivas colocan a los responsables políticos en el foco de la justicia. Las familias que han perdido seres queridos y propiedades tienen el derecho de exigir que se esclarezca si hubo omisiones graves en la cadena de mando, y de que
se depuren responsabilidades, no solo a nivel político, sino también en los tribunales.Es innegable que la DANA fue un fenómeno extremo, pero también lo es que la negligencia en la gestión de esta emergencia tiene consecuencias legales. Los políticos deben asumir su responsabilidad, tanto por la falta de previsión como por no haber activado con prontitud las medidas que podrían haber salvado vidas. No hay excusa válida para la inacción cuando el deber principal de cualquier gobierno es proteger a su ciudadanía, y esta vez fallaron estrepitosamente.
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