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Encrucijada en la Seguridad Social: ¿mutualidades o régimen general para los funcionarios?

Pepe Rojas Molina

´Liberado, crítico de la realidad´

martes, 19 de noviembre de 2024

¡La polémica está servida: sanidad pública o sanidad privada para los funcionarios!

La sanidad de los funcionarios es ahora un campo de batalla en el que las promesas de equidad chocan con la realidad de un sistema público desbordado. La decisión de mantener las mutualidades —MUFACE, ISFAS, MUGEJU— o absorber a los funcionarios en la Seguridad Social es como elegir entre dos males: el caos organizado de lo público o la precariedad con disfraz de agilidad de lo privado. Estos relicarios, vestigios de otra época, siguen permitiendo que los funcionarios se escapen de las colas interminables de la sanidad pública para caer en las manos a veces más rápidas, a veces más torpes, de aseguradoras privadas que, como Adeslas, prometen atención ágil en las ciudades pero desaparecen en las zonas rurales, donde la atención médica privada es tan ficticia como una promesa electoral.

El problema central es que, mientras las mutualidades son una especie de salvavidas para aquellos que no quieren esperar meses por una cita en la Seguridad Social, en realidad no son más que un espejismo. Sí, puedes elegir médicos privados, pero si vives fuera de las grandes ciudades, esa elección se convierte en un chiste malo. Los médicos disponibles son escasos y, a menudo, la atención que se prometía rápida y eficiente se diluye en la misma espera que buscabas evitar. Y si estás en la Seguridad Social, simplemente entras en el mismo laberinto que el resto de los mortales, con listas de espera dignas de una novela de Kafka.

Ahora bien, la solución no pasa por hacer desaparecer las mutualidades ni por integrarlas a ciegas en el sistema público. En su infinita capacidad para complicarlo todo, el Estado, con un gobierno que proclama las virtudes del sistema sanitario público y demoniza lo privado, podría desmantelar este sistema de elección, pero lo haría mal. Si algo ha demostrado el Estado es que cuando mete mano para “mejorar” un sistema que más o menos funciona, termina por destrozarlo. Las mutualidades, aunque imperfectas, ofrecen una válvula de escape para quienes no quieren depender exclusivamente de la sanidad pública, donde las deficiencias son bien conocidas.

Eliminar estas mutualidades no nivelaría el terreno de juego; lo que haría sería empobrecer la calidad del servicio para los funcionarios y saturar aún más una Seguridad Social que ya tambalea bajo el peso de su propia ineficiencia. El discurso de que "todos debemos estar bajo el mismo sistema" es tan atractivo como engañoso. Lo que en teoría parece justo —que todos recibamos la misma atención— en la práctica llevaría a un colapso aún mayor. Decenas de miles de funcionarios más dentro del sistema público no harían otra cosa que agravar las listas de espera y deteriorar la calidad de atención para todos.

El gobierno argumentaría que se trata de un paso hacia la modernización, hacia una sanidad verdaderamente universal y equitativa, pero en realidad estaríamos presenciando un nivelamiento por lo bajo. Los funcionarios, que ahora tienen la posibilidad de elegir atención privada más rápida, terminarían viendo cómo su “privilegio” desaparece y se funden en la misma desesperación por una cita que el resto de los ciudadanos.

Porque si hay algo claro es que el sistema público no está preparado para absorber de golpe a estos nuevos usuarios. Sin una inversión masiva en infraestructura, personal y tecnología, la integración de los funcionarios a la Seguridad Social sería una operación suicida. Lo que se vendería como una victoria de la igualdad sería, en el fondo, una derrota para la eficiencia y la atención sanitaria de calidad.

Resumiendo, que es gerundio, el funcionario se encontraría atrapado entre dos sistemas que, cada uno a su manera, fallan: uno que es caótico y lento, y otro que es un espejismo, útil solo en las grandes urbes. La eliminación de las mutualidades no haría justicia a nadie; sería un golpe más a un sistema sanitario que ya camina sobre el filo de la navaja. Y mientras el gobierno continúa con su discurso de justicia sanitaria, los funcionarios miran con recelo, sabiendo que, si llegan a perder este derecho, lo que les espera es más incertidumbre y una calidad de atención cada vez más precaria.

Profundizando un poco más en este delicado asunto, el funcionariado en España está hoy en una encrucijada. Más de dos millones de funcionarios y sus familias están al filo de una decisión crucial, con su acceso a los servicios médicos pendiendo de un hilo. En el epicentro de esta tensión se encuentra MUFACE, junto a otras dos mutualidades más pequeñas ISFAS y MUGEJU, tambaleándose mientras negocia a contrarreloj las condiciones económicas con las aseguradoras de salud. Todo en juego, todo en el aire.

Cada dos años, estas mutualidades sellan un pacto con las compañías aseguradoras que permite a los empleados públicos elegir entre la sanidad pública o privada. Y la mayoría lo tiene claro: casi el 80% de los funcionarios optan por el sistema privado, buscando mayor rapidez, menores listas de espera y, en teoría, una atención más personalizada. Sin embargo, esta preferencia, que siempre fue vista como una puerta de escape a los problemas del sistema público, hoy parece una jaula en la que están atrapados. Dependencia, desconfianza y, sobre todo, incertidumbre, marcan el compás.

En próximas fechas, el Gobierno dará su veredicto sobre las condiciones definitivas del nuevo convenio con las aseguradoras, y lo que está en juego es mucho más que un simple acuerdo de tarifas. En conversaciones previas, el Ministerio ha puesto sobre la mesa un aumento del 14%, pero las aseguradoras, que sienten la soga del déficit alrededor del cuello, rechazan de plano esta oferta. Alegan que llevan años perdiendo más de 200 millones de euros anuales por prestar este servicio, lo que amenaza con derrumbar los cimientos del actual sistema de mutualidades.

MUFACE, la joya de la corona, gestiona la salud de 1,49 millones de funcionarios, tanto en activo como jubilados, sumando además a sus familiares. Si se añaden a los beneficiarios de ISFAS y MUGEJU, las otras dos mutualidades que cubren a personal militar y judicial, la cifra total se dispara, haciendo que la supervivencia de este sistema afecte a una parte significativa del cuerpo funcionarial del país.

Las aseguradoras, desesperadas por cuadrar sus cuentas, han solicitado un aumento del 33% en las primas para 2025 y otro 5% adicional en 2026. La postura del Gobierno, que navega ya en medio de un déficit público que no deja de crecer, es firme: 14% y nada más. Un choque de trenes que, de no resolverse, podría dejar a millones de personas sin otra opción que recalar en la ya colapsada sanidad pública.

Los sindicatos de funcionarios, conscientes del tamaño del problema y del riesgo real que afrontan, han hecho un llamamiento a la responsabilidad, pidiendo a ambas partes que acerquen posturas. Sin embargo, la incertidumbre pesa más que las palabras. Cada día que pasa sin un acuerdo es un día en el que el horizonte se oscurece un poco más.

El reloj sigue corriendo, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas determinarán el futuro sanitario de miles de familias. En este cruce de caminos, donde lo público y lo privado se miran con recelo, solo queda una esperanza: que el diálogo y la sensatez prevalezcan, antes de que todo el sistema se desplome sobre las cabezas de quienes más dependen de él.