Una Sala ampliada compuesta por cinco magistrados de la Audiencia de Sevilla dictará la nueva sentencia del caso ERE
Con la nueva composición del Tribunal Constitucional, pactada con esa maestría política que el Ejecutivo maneja como si fuera un prestidigitador, ya tienen mayoría progresista. ¿Qué significa esto? Muy sencillo: a quien le debía temblar el pulso, ya no le tiembla. Y no es casualidad que ahora, con la Sala ampliada de la Audiencia Provincial de Sevilla, se abra la puerta a una nueva sentencia en el caso de los ERE. No se engañen, esto no es una revisión judicial, esto es la antesala de lo que en el patio de la casa común conocemos como “cambiar el final de la película”.
La corrupción en aquellos años se había infiltrado profundamente en las instituciones andaluzas, controladas por el gobierno socialista. No se trataba de casos aislados, sino de un sistema en el que el fraude y el desvío de fondos públicos parecían formar parte de la rutina del poder. Los ERE no fueron un accidente, sino una consecuencia de una gestión marcada por la falta de control y la connivencia política, donde las irregularidades parecían toleradas desde dentro del propio aparato institucional.
Lo que antes era blanco y en botella, corrupción pura y dura, ahora parece más bien una cuestión de “garantías” procesales, de “irregularidades” técnicas. Y con esos matices es como se diluyen las penas y los culpables salen por la puerta de atrás. No es de extrañar que los ex altos cargos socialistas condenados por el caso de los ERE estén ahora esperando esta nueva sentencia como quien espera una absolución anunciada. Porque todo apunta a que, con el Tribunal Constitucional ya predispuesto, y una Sala ampliada que reinterprete lo que hizo la anterior, el destino de estos encausados tiene un único final: salir de rositas.
No se trata solo de lo que se decida en los tribunales, sino del mensaje que se lanza a la sociedad. Si los responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción de este país se van de paseo sin pagar las consecuencias, ¿qué queda para el ciudadano común? Nos lo quieren vender como un “proceso de revisión”, pero en realidad es una jugada maestra en la que la política y la justicia se abrazan sin pudor, dejando el rastro de la impunidad.
El embrollo está servido. Y mientras tanto, los andaluces, y los españoles en general, seguimos mirando cómo se mueven las piezas del ajedrez político, sabiendo de antemano que el jaque mate siempre lo tienen preparado los mismos.
SENTENCIA TSJ ANDALUCÍA. Jueves, 7 de noviembre de 2024
Pepe rojas Molina
´Liberado, crítico de la realidad´
8 de noviembre de 2024
Blanco y en botella. La justicia, esa gran señora de ojos vendados, vuelve a ser la protagonista de un sainete que ya huele a podredumbre política. El caso de los ERE de Andalucía, el mayor fraude de la historia de España, que salpicó a altos cargos socialistas y dejó un agujero negro de corrupción, parece estar a punto de pasar página. No porque se haya hecho justicia o se haya depurado hasta la última responsabilidad, sino porque, como siempre en este país, la política ha vuelto a meter la mano en lo que no debía.Con la nueva composición del Tribunal Constitucional, pactada con esa maestría política que el Ejecutivo maneja como si fuera un prestidigitador, ya tienen mayoría progresista. ¿Qué significa esto? Muy sencillo: a quien le debía temblar el pulso, ya no le tiembla. Y no es casualidad que ahora, con la Sala ampliada de la Audiencia Provincial de Sevilla, se abra la puerta a una nueva sentencia en el caso de los ERE. No se engañen, esto no es una revisión judicial, esto es la antesala de lo que en el patio de la casa común conocemos como “cambiar el final de la película”.
La corrupción en aquellos años se había infiltrado profundamente en las instituciones andaluzas, controladas por el gobierno socialista. No se trataba de casos aislados, sino de un sistema en el que el fraude y el desvío de fondos públicos parecían formar parte de la rutina del poder. Los ERE no fueron un accidente, sino una consecuencia de una gestión marcada por la falta de control y la connivencia política, donde las irregularidades parecían toleradas desde dentro del propio aparato institucional.
Lo que antes era blanco y en botella, corrupción pura y dura, ahora parece más bien una cuestión de “garantías” procesales, de “irregularidades” técnicas. Y con esos matices es como se diluyen las penas y los culpables salen por la puerta de atrás. No es de extrañar que los ex altos cargos socialistas condenados por el caso de los ERE estén ahora esperando esta nueva sentencia como quien espera una absolución anunciada. Porque todo apunta a que, con el Tribunal Constitucional ya predispuesto, y una Sala ampliada que reinterprete lo que hizo la anterior, el destino de estos encausados tiene un único final: salir de rositas.
No se trata solo de lo que se decida en los tribunales, sino del mensaje que se lanza a la sociedad. Si los responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción de este país se van de paseo sin pagar las consecuencias, ¿qué queda para el ciudadano común? Nos lo quieren vender como un “proceso de revisión”, pero en realidad es una jugada maestra en la que la política y la justicia se abrazan sin pudor, dejando el rastro de la impunidad.
El embrollo está servido. Y mientras tanto, los andaluces, y los españoles en general, seguimos mirando cómo se mueven las piezas del ajedrez político, sabiendo de antemano que el jaque mate siempre lo tienen preparado los mismos.
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