El Tribunal Supremo reconoce a una madre el derecho a la prestación para cuidar a un hijo con una enfermedad grave
"La Sala de lo Social ha dictado una sentencia en la que reconoce a una madre el derecho a la prestación familiar para cuidar de su hijo menor de edad afectado por una enfermedad grave que no requiere ingreso hospitalario de larga duración, pero recibe tratamiento médico continuado de carácter ambulatorio en un centro de día y en su domicilio".
Vamos a ver. Esta sentencia del Tribunal Supremo reconociendo el derecho de una madre a recibir una prestación para cuidar a su hijo con una enfermedad grave toca varios puntos sensibles. No cabe duda de que se trata de un fallo importante para proteger a los más vulnerables y asegurar que los menores con enfermedades graves reciban los cuidados que necesitan. Sin embargo, hay que hacer una reflexión seria y realista sobre lo que implica para el conjunto de la sociedad y para las empresas, que no son ONGs, aunque algunos piensen que sí.
Primero, partamos de lo evidente: el Estado somos todos. Y eso quiere decir que estas prestaciones, estos derechos sociales que se amplían, los pagamos entre todos. Y no nos engañemos, no es el maná caído del cielo. Cada ampliación de una prestación, cada nueva sentencia que mete un caso más bajo el paraguas del Estado de Bienestar, significa más cargas para el sistema. Un sistema que ya tiene más agujeros que un queso gruyere. Así que, mientras celebramos este avance en derechos sociales, no olvidemos que lo asumimos entre todos los contribuyentes, y no sé cuántos se paran a pensar que la factura sigue subiendo.
Y luego está el empresario, ese villano al que siempre se le cuelgan todas las etiquetas: que si explota, que si no respeta, que si tiene que apechugar con todo. Pero no, el empresario no es una ONG. Tiene que sacar adelante su empresa, tiene que cumplir con sus clientes, sus proveedores y , por supuesto, con sus propios empleados. Y ahora, además, tiene que cargar con las incidencias de una trabajadora que tiene todo el derecho a cuidar a su hijo enfermo, pero cuyo vacío en la empresa genera un coste que nadie parece estar dispuesto a reconocer.
Porque seamos claros: cada permiso, cada reducción de jornada, cada baja prolongada, es un peso para la empresa. Un peso que afecta a la productividad, al funcionamiento diario y, en última instancia, a su capacidad de generar empleo. Y aquí es donde se produce la gran contradicción: a más derechos, más cargas para las empresas. Y eso, queramos o no, acaba pasando factura.
El problema no es que se proteja a la madre que necesita cuidar a su hijo. El problema es que estamos construyendo un sistema donde parece que el empresario debe ser el pagador universal de todos los problemas sociales. Y lo digo claro: las empresas no son ni deben ser las que asuman todas las contingencias de la vida personal de sus empleados. Para eso está el Estado, pero el Estado también tiene sus límites, y a veces hay que mirar con frialdad las cuentas.
¿Solución? El equilibrio. Porque sin empresas que funcionen, no hay empleos ni salarios. Y sin trabajadores sanos y protegidos, no hay productividad ni futuro. Pero ojo, ese equilibrio es frágil, y cada sentencia como esta lo tensiona un poco más. Y mientras tanto, los de siempre, esos empresarios o autónomos cargan con todo, son los que van viendo cómo se les amontonan las facturas para no faltar con sus obligaciones.
Pepe Rojas Molina
´Cyrano de la realidad´
sábado, 4 de enero de 2024
Vamos a ver. Esta sentencia del Tribunal Supremo reconociendo el derecho de una madre a recibir una prestación para cuidar a su hijo con una enfermedad grave toca varios puntos sensibles. No cabe duda de que se trata de un fallo importante para proteger a los más vulnerables y asegurar que los menores con enfermedades graves reciban los cuidados que necesitan. Sin embargo, hay que hacer una reflexión seria y realista sobre lo que implica para el conjunto de la sociedad y para las empresas, que no son ONGs, aunque algunos piensen que sí.
Primero, partamos de lo evidente: el Estado somos todos. Y eso quiere decir que estas prestaciones, estos derechos sociales que se amplían, los pagamos entre todos. Y no nos engañemos, no es el maná caído del cielo. Cada ampliación de una prestación, cada nueva sentencia que mete un caso más bajo el paraguas del Estado de Bienestar, significa más cargas para el sistema. Un sistema que ya tiene más agujeros que un queso gruyere. Así que, mientras celebramos este avance en derechos sociales, no olvidemos que lo asumimos entre todos los contribuyentes, y no sé cuántos se paran a pensar que la factura sigue subiendo.
Y luego está el empresario, ese villano al que siempre se le cuelgan todas las etiquetas: que si explota, que si no respeta, que si tiene que apechugar con todo. Pero no, el empresario no es una ONG. Tiene que sacar adelante su empresa, tiene que cumplir con sus clientes, sus proveedores y , por supuesto, con sus propios empleados. Y ahora, además, tiene que cargar con las incidencias de una trabajadora que tiene todo el derecho a cuidar a su hijo enfermo, pero cuyo vacío en la empresa genera un coste que nadie parece estar dispuesto a reconocer.
Porque seamos claros: cada permiso, cada reducción de jornada, cada baja prolongada, es un peso para la empresa. Un peso que afecta a la productividad, al funcionamiento diario y, en última instancia, a su capacidad de generar empleo. Y aquí es donde se produce la gran contradicción: a más derechos, más cargas para las empresas. Y eso, queramos o no, acaba pasando factura.
El problema no es que se proteja a la madre que necesita cuidar a su hijo. El problema es que estamos construyendo un sistema donde parece que el empresario debe ser el pagador universal de todos los problemas sociales. Y lo digo claro: las empresas no son ni deben ser las que asuman todas las contingencias de la vida personal de sus empleados. Para eso está el Estado, pero el Estado también tiene sus límites, y a veces hay que mirar con frialdad las cuentas.
¿Solución? El equilibrio. Porque sin empresas que funcionen, no hay empleos ni salarios. Y sin trabajadores sanos y protegidos, no hay productividad ni futuro. Pero ojo, ese equilibrio es frágil, y cada sentencia como esta lo tensiona un poco más. Y mientras tanto, los de siempre, esos empresarios o autónomos cargan con todo, son los que van viendo cómo se les amontonan las facturas para no faltar con sus obligaciones.
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