Pepe Rojas Molina
´Cyrano de la realidad´
domingo, 12 de enero de 2025
“El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha fallado a favor de un grupo de padres que denunciaron la insuficiencia de recursos en varios centros educativos de Aragón, tanto ordinarios como especiales. Los padres alegaron que esta situación vulneraba el derecho a la educación de sus hijos, especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales.El TSJA ha dado la razón a los padres, considerando que el Departamento de Educación de Aragón no proporcionó los recursos necesarios para garantizar una educación adecuada a todos los alumnos, lo que impidió a algunos de ellos incorporarse a tiempo a las clases o requirió la asistencia constante de sus familiares.
Como consecuencia de esta sentencia, el Departamento de Educación deberá tomar las medidas solicitadas por los padres para corregir esta situación y garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos. Además, deberá hacerse cargo de los gastos del proceso judicial.”
Cuando hablamos de educación inclusiva, nos movemos entre el discurso solemne y las promesas bienintencionadas. El Gobierno se compromete a un plan en diez años para dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios para atender adecuadamente al alumnado con discapacidad. Diez años que suenan a largo plazo, pero que tienen el brillo de una hoja de ruta respaldada por la Convención de Naciones Unidas y el Cuarto Objetivo de la Agenda 2030. Sin embargo, en esa pausa de una década, muchos se preguntan: ¿qué hacemos con las generaciones que están ahora mismo dentro de las aulas?
El plan propone que los centros de educación especial se conviertan en faros, guías de un sistema donde la inclusión sea la norma y no la excepción. Pero la realidad cotidiana en las aulas de los centros ordinarios muestra otra cara: a veces los recursos llegan tarde, o no llegan. En otros casos, la escolarización de alumnos con discapacidad no se lleva a cabo con la planificación ni la evaluación necesarias. Hay situaciones tan extremas que un progenitor tiene que ocupar una silla en el aula para suplir la falta de apoyo. Y eso, lejos de ser una medida temporal, se convierte en rutina.
Entonces, se nos presenta un dilema de esos que desnudan la política educativa: ¿cómo se puede prometer la inclusión cuando la respuesta educativa es insuficiente o inexistente? Cada retraso, cada carencia en medios o en planificación, no es solo un fallo técnico, es una vulneración de derechos fundamentales, un paso atrás en aquello que debería ser una prioridad inaplazable.
Pero la justicia ha hablado, estimando el recurso de las familias que, agotadas de esperar, demandaron lo que es suyo por derecho: una educación digna y adaptada a las necesidades de sus hijos. Y en esa sentencia, más allá de los 1.500 euros impuestos a la Administración, se reconoce algo más importante: que los derechos no pueden esperar diez años. Que la inclusión debe ser hoy, no mañana.
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