La Audiencia de Sevilla impone condenas de tres años y medio y tres años de cárcel a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía en una pieza separada del caso ERE por las ayudas a Surcolor
Pepe Rojas Molina
´Cyrano de la realidad´
viernes, 10 de enero de 2025
Nueva sentencia del caso ERE de Andalucía.
Esta sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla evidencia las prácticas corruptas que recuerdan los oscuros episodios de la política andaluza durante el largo período de dominación socialista, donde la opacidad y el desvío de fondos públicos eran prácticas habituales. En esta pieza separada del caso ERE, el tribunal mete en la cárcel a dos exaltos cargos de la Junta, como quien reordena fichas en un tablero ya viejo, cansado de tanto mover culpables. Tres años y medio para el exdelegado de Empleo, Antonio R., y tres años para Daniel Alberto R., exdirector general de Trabajo, por su participación en las ayudas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica, mientras otros tres colegas de despacho quedan absueltos, al considerar que ya pagaron por estos desaguisados en el capítulo anterior, el del “procedimiento específico”.
Aparte de estos dos protagonistas, se ha condenado también a otros nueve acusados, con penas que varían entre un año y tres años y dos meses. Todo un elenco de personajes de la política y el sindicato socialista, con falsificaciones de documentos, malversaciones varias y una prevaricación que ya no sorprende a nadie, como si el sistema mismo, podrido hasta el tuétano, fuera incapaz de sonrojarse.
En medio de esta función, la Audiencia hace hincapié en lo "grave" de los hechos, como si fuera necesario recordarlo. Se desvirtúa todo el sistema de concesión de ayudas, se rellena el bolsillo del amigo o del pariente con sobrevaloraciones que parecen hechas con calculadora borracha, y se deja en el aire un aroma a desconfianza pública que nadie parece dispuesto a purificar. Las cantidades defraudadas, dice el tribunal, son importantes. ¿Cómo no iban a serlo si el bolsillo de la Junta de Andalucía parecía tener un agujero por el que se colaba el dinero, para nunca más volver?
Así, se establece que los condenados deberán indemnizar a la Junta con casi un millón de euros, mientras que el sindicato CCOO, a través de su Federación de Industrias, deberá asumir su parte como responsable civil subsidiario. Una trama tan desvergonzada que hasta dos fallecidos han sido absueltos, como un guiño macabro a la ineficacia de la justicia, mientras el carrusel de personajes sigue girando, entre abogados, 'intrusos', testaferros y falsos trabajadores que jamás pisaron la empresa.
Y al final, todo se reduce a esto: millones que desaparecen, nombres que se repiten en sentencias que parecen nunca llegar a una conclusión definitiva, y un sistema que huele a cerrado. ¿Culpables? Muchos, aunque solo algunos paguen, y no se sabe si lo harán con lo que queda de dignidad o con la misma sonrisa con la que, durante años, convirtieron las ayudas públicas en moneda privada.
Aparte de estos dos protagonistas, se ha condenado también a otros nueve acusados, con penas que varían entre un año y tres años y dos meses. Todo un elenco de personajes de la política y el sindicato socialista, con falsificaciones de documentos, malversaciones varias y una prevaricación que ya no sorprende a nadie, como si el sistema mismo, podrido hasta el tuétano, fuera incapaz de sonrojarse.
En medio de esta función, la Audiencia hace hincapié en lo "grave" de los hechos, como si fuera necesario recordarlo. Se desvirtúa todo el sistema de concesión de ayudas, se rellena el bolsillo del amigo o del pariente con sobrevaloraciones que parecen hechas con calculadora borracha, y se deja en el aire un aroma a desconfianza pública que nadie parece dispuesto a purificar. Las cantidades defraudadas, dice el tribunal, son importantes. ¿Cómo no iban a serlo si el bolsillo de la Junta de Andalucía parecía tener un agujero por el que se colaba el dinero, para nunca más volver?
Así, se establece que los condenados deberán indemnizar a la Junta con casi un millón de euros, mientras que el sindicato CCOO, a través de su Federación de Industrias, deberá asumir su parte como responsable civil subsidiario. Una trama tan desvergonzada que hasta dos fallecidos han sido absueltos, como un guiño macabro a la ineficacia de la justicia, mientras el carrusel de personajes sigue girando, entre abogados, 'intrusos', testaferros y falsos trabajadores que jamás pisaron la empresa.
Y al final, todo se reduce a esto: millones que desaparecen, nombres que se repiten en sentencias que parecen nunca llegar a una conclusión definitiva, y un sistema que huele a cerrado. ¿Culpables? Muchos, aunque solo algunos paguen, y no se sabe si lo harán con lo que queda de dignidad o con la misma sonrisa con la que, durante años, convirtieron las ayudas públicas en moneda privada.
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