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El Registro Mercantil de Madrid rechaza los estatutos de ESMASA Alcorcón, por intentar burlar el control público y favorecer la opacidad

@pepe_rojas99

´Cyrano de la realidad´

Jueves,13 de febrero de 2024

En los últimos tiempos, la empresa pública ESMASA, encargada de la gestión de residuos en Alcorcón, ha sido objeto de polémica, y no es para menos. Fuentes cercanas a la compañía señalan que la reciente presentación de unos estatutos al Registro Mercantil, posteriormente rechazados, no sería un mero "error administrativo" como algunos pretenden hacer ver, sino un movimiento calculado por parte de los gestores para esquivar el escrutinio público. Todo apunta a una maniobra consciente para evitar la rigurosa vigilancia a la que están sometidas las entidades públicas y tener mayor flexibilidad en la gestión.

¿Qué significa esto? Hablemos claro. En un contexto donde la transparencia y el control del uso de los recursos públicos deberían ser prioritarios, parece que en ESMASA los gestores tienen otros planes. La clave está en la intención de esquivar los estrictos procedimientos de contratación pública, los cuales, aunque engorrosos, son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, la competencia justa y la correcta utilización de fondos públicos. Estos procesos aseguran que no se pueda actuar a discreción, que haya una competencia real, y que cada euro del contribuyente sea gestionado con responsabilidad. Sin embargo, al diseñar unos estatutos que no se ajustan a la normativa, lo que los gestores de ESMASA parecen buscar es hacer y deshacer sin tanto control, con la excusa de querer una gestión más “ágil”.

Pero la agilidad en la gestión no debería ser sinónimo de opacidad o manejo discrecional. Según estas fuentes, lo que realmente se busca es mayor margen de maniobra para realizar contrataciones sin pasar por la lupa de los organismos de control, permitiendo el manejo del presupuesto con menos vigilancia. Y ya sabemos a qué puede conducir esto: favoritismos, contratos a medida y decisiones tomadas en despachos cerrados, lejos de la luz pública y la transparencia que debería regir cualquier entidad que maneja dinero de todos.

Esta forma de operar nos lleva a un escenario peligroso. Los gestores de ESMASA podrían estar jugando a su antojo con contratos y acuerdos, sin los procedimientos de licitación que garanticen la equidad. No hablamos de algo menor. Estamos hablando de una estrategia que, en última instancia, podría derivar en prácticas aún más graves, como la malversación de fondos. Todo esto bajo una cortina de humo que maquilla como “simplificación” lo que, en realidad, es un intento de evitar el control público para operar con menos barreras.

La Ley de Contratos del Sector Público existe por una razón. Garantiza que no se repartan contratos a dedo, que no haya amiguismos y que los recursos públicos sean gestionados de forma honesta y transparente. Pero al parecer, en ESMASA, estas reglas son vistas como un obstáculo para llevar adelante una gestión más "rápida" y "flexible". ¿Rápida y flexible para qué? ¿Para quién? Quizá esa rapidez en la gestión se traduzca en decisiones que benefician a unos pocos, mientras que los ciudadanos de Alcorcón, quienes pagan con sus impuestos el funcionamiento de esta empresa, quedan al margen de cualquier tipo de control real sobre cómo se están gestionando sus recursos.

La gravedad de esta situación no debe subestimarse. Si los estatutos de una empresa pública como ESMASA se diseñan para evitar los mecanismos de control que garantizan la transparencia, estamos ante un problema serio. ¿Cuánto más puede estar ocurriendo bajo la superficie? El riesgo de que se den contratos irregulares, adjudicaciones a dedo y, en el peor de los casos, desvío de fondos públicos está presente.

Es imprescindible que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y que se investigue a fondo cuáles son las intenciones reales detrás de esta maniobra. Porque, seamos sinceros, cuando alguien intenta evitar el control en la gestión de fondos públicos, pocas veces es por razones que beneficien a la ciudadanía. Alcorcón merece saber cómo y por qué se están tomando este tipo de decisiones, y si se están poniendo en riesgo los principios básicos de transparencia y responsabilidad que deberían regir en cualquier empresa pública.