Entre la tierra y el hambre: el grito campesino por la justicia social en la España decimonónica y del siglo XX
Entre la tierra y el hambre: el grito campesino por la justicia social en la España decimonónica y del siglo XX
@pepe_rojas99
´Cyrano de la realidad´
sábado, 12 de julio de 2025
Las reivindicaciones sociales en España son una historia de lucha y persistencia. Desde finales del siglo XIX, con la industrialización asomando en Cataluña o el País Vasco, el movimiento obrero empezó a tomar forma. El socialismo, el anarquismo y la fundación de sindicatos como la UGT (1888) o la Federación Regional Española (1870) fueron los primeros latidos de un malestar que, ya en el siglo XX, se hizo ineludible. Huelgas históricas como la de Barcelona en 1902, la trágica "Semana Trágica" de 1909 o la huelga general revolucionaria de 1917 —convocada por UGT y CNT—, todas ellas duramente reprimidas, demostraban que las pésimas condiciones laborales, los salarios de miseria y la falta de derechos habían agotado la paciencia de las clases trabajadoras.Incluso durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), a pesar de su autoritarismo, el régimen intentó maquillar el conflicto con los "Comités Paritarios", organismos de mediación que, en realidad, no solucionaron el profundo descontento.
La Segunda República (1931-1936) fue un rayo de esperanza y un período de ebullición social. Se materializaron anhelos con leyes como la jornada de 8 horas, el derecho a la huelga o los contratos colectivos. Las mujeres, por fin, vieron reconocidos sus derechos al voto (1931), al divorcio y al acceso a cargos públicos. La Reforma Agraria, aunque con escasos resultados reales, fue un intento crucial de justicia social. CNT y UGT, pese a sus propias tensiones, fueron protagonistas de estas luchas, un periodo de esperanza y conflicto que, tristemente, fue truncado por el golpe militar de 1936 y el estallido de la Guerra Civil.
Pero hay una historia de lucha obrera que a menudo queda en la sombra: la del campo español. Lejos de la visibilidad de las fábricas de Barcelona o Bilbao, en Andalucía, Extremadura, La Mancha o Murcia, las reivindicaciones sociales germinaron en un caldo de cultivo de miseria, analfabetismo y miedo. Frente a ellos, el poder casi feudal de los terratenientes —nobles, marqueses, duques, órdenes religiosas o burgueses recién enriquecidos—, dueños de latifundios donde el jornalero no era más que una herramienta humana, casi una propiedad.
A principios del siglo XX, extensas regiones del sur de España —como bien retrata la serie La promesa que emite RTVE— seguían sometidas al yugo de los latifundios. Estos inmensos territorios, heredados de los mayorazgos nobiliarios o arrebatados mediante desamortizaciones, lejos de repartirse equitativamente, habían acabado en manos de una oligarquía absentista que explotaba la tierra sin pisarla, mientras los jornaleros malvivían entre el hambre y la resignación. Millones de jornaleros vivían en condiciones de semiesclavitud, sin tierras, sin educación, sin vivienda digna, sin atención médica. Trabajaban por temporadas, a cambio de sueldos de miseria, y cuando el trabajo escaseaba, la hambruna era la única certeza.
En este escenario de explotación extrema, las ideas anarquistas echaron raíces profundas. Maestros ambulantes, publicaciones como "Tierra y Libertad" y el contacto con núcleos urbanos llevaron las consignas de libertad y reparto de la tierra. La CNT organizó a los jornaleros, que soñaban con la abolición de la propiedad privada de la tierra, el reparto de fincas incultas y la autogestión agraria. También las ideas del republicanismo federal, con su defensa de la justicia social, calaron hondo.
Pero cada intento de organización, cada reclamación de mejores salarios o de uso de tierras abandonadas, se topaba con la intervención de la Guardia Civil, que actuaba cumpliendo las órdenes gubernamentales al servicio del orden latifundista. Las huelgas se pagaban con cárcel, despidos masivos o, directamente, con asesinatos. Aun así, la conciencia social no dejaba de crecer, como lo demuestran las huelgas agrarias entre 1919 y 1923, o la efervescencia generada por la Reforma Agraria de la Segunda República (1932-1933). Aunque mal ejecutada y ferozmente resistida por la nobleza terrateniente, despertó una esperanza inmensa.
Las Casas del Pueblo (UGT) y los ateneos libertarios (CNT) se convirtieron en auténticos faros en muchos pueblos. Allí, los jornaleros se alfabetizaban, aprendían a organizarse y debatían sobre política, justicia y un futuro mejor. De estos espacios nacieron sindicatos agrícolas, colectivos de reparto de tierras y cooperativas autogestionadas, focos de esperanza... y de constante vigilancia policial.
Los grandes duques y marqueses, aferrados a sus privilegios, contaron con el apoyo del ejército, la Iglesia y los partidos conservadores para frenar cualquier intento de redistribución. No es casualidad que muchos de ellos apoyaran abiertamente a Franco, ya que la victoria franquista significó el barrido de todos los avances obreros rurales. Las cooperativas fueron clausuradas, los sindicatos abolidos, y sus dirigentes, fusilados o encarcelados. La nobleza rural volvió a dominar sin oposición, sumiendo al campo español en décadas de atraso, sumisión y miedo.
Las reivindicaciones sociales en el campo español no nacieron en libros ni universidades, sino desde el hambre, la injusticia y la dignidad de quienes solo tenían sus manos y su rabia para trabajar y protestar. Fueron rebeliones silenciosas, a menudo invisibles, y muchas veces pagadas con sangre. Aquellos jornaleros, con sus boinas rotas, sus pies descalzos y su fe en una vida mejor, sembraron una semilla de justicia que, incluso hoy, sigue brotando.
Lamentablemente, los latifundios y el poder de los terratenientes persistieron en España durante buena parte del siglo XX, especialmente en el sur. La estructura agraria, heredada de mayorazgos nobiliarios y desamortizaciones que beneficiaron a los grandes propietarios, no cambió sustancialmente hasta bien entrada la segunda mitad de siglo. Durante la Restauración, la precariedad de los jornaleros era extrema. La Reforma Agraria republicana fue un intento frustrado. Y el franquismo blindó el modelo latifundista.
Incluso con la entrada en la Unión Europea en 1986, las subvenciones de la PAC han favorecido desproporcionadamente a los grandes propietarios, consolidando su poder.La lucha por la tierra no es solo un capítulo del pasado; su legado nos interpela hoy sobre cómo conciliar el derecho a la propiedad con la justicia social. La tierra puede ser legítimamente privada, pero nunca un espacio de explotación: quienes la trabajan merecen condiciones dignas, y su labor —base de nuestra riqueza común— debe ser reconocida con derechos, no con miseria.
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