España: la democracia con freno de mano activado

 

Democracia española a medio gas: Cuando el poder se vigila a sí mismo

miércoles, 5 de noviembre de 2025

España parece haber tirado del freno de mano en su camino hacia una democracia más limpia, más libre y verdaderamente independiente. Lo que debería ser un sistema basado en la transparencia y la separación de poderes se encuentra atrapado en viejas inercias, en una red de intereses cruzados que perpetúan las mismas prácticas que se pretendían superar.

Un Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que publica sus informes cuando los responsables de los desmanes ya están retirados de la vida política o cuando las posibles responsabilidades han prescrito. Un Consejo General del Poder Judicial continuamente bloqueado, incapaz de renovar su composición por la falta de acuerdo entre los partidos, que anteponen su cálculo partidista a la salud institucional del país.

Un Senado que sigue siendo, en la práctica, un “cementerio de elefantes”: una cámara redundante, subordinada al Congreso, sin una función real de contrapeso o reflexión territorial. Una Abogacía del Estado que debiera ser la garante de la legalidad frente a los excesos del poder, pero con demasiada frecuencia se pliega a los intereses del Ejecutivo de turno. Actualmente, esto se evidencia de forma descarada en el proceso judicial del Fiscal General del Estado, donde la Abogacía se ha convertido abiertamente en su escudo protector, en lugar de actuar como su límite institucional.

Una Agencia Tributaria, por su parte, parece aplicar una inspección selectiva: severa con los ciudadanos comunes, complaciente con los poderosos. Mientras tanto, los medios públicos, con RTVE a la cabeza, actúan más como altavoz del gobierno que como un servicio público independiente, neutral y al servicio de la ciudadanía. Y la Fiscalía General del Estado, cuyo papel debería ser el de custodiar la legalidad con autonomía plena, se encuentra cada vez más subordinada al poder político.

Todo ello dibuja un panorama de instituciones que han perdido su capacidad de contrapeso y vigilancia, un sistema que se oxida bajo el peso de la complacencia y la falta de valentía política.

España necesita recuperar la confianza en su arquitectura democrática: no con reformas cosméticas, sino con una verdadera voluntad de regeneración moral e institucional.

Uno de los grandes dilemas de las democracias modernas es la distancia entre la teoría del sistema —el “gobierno del pueblo”— y su práctica real, donde el poder acaba concentrándose en élites políticas, económicas o institucionales que lo manipulan según sus intereses.

La democracia no consiste en ir a votar cada 4 años, no es solo un sistema electoral, que por cierto, es algo que se tendría que renovar hacia una proporción más igualitaria entre los partidos concurrentes. En muchos países, incluida España, la democracia se entiende de forma superficial: votar cada cuatro años y dejar después que “los que mandan” gestionen. Pero la democracia auténtica no se agota en las urnas; exige una participación constante, una ciudadanía crítica y una educación cívica sólida.

La democracia madura se apoya en el compromiso diario de los ciudadanos con la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas. Si el ciudadano abdica de esa responsabilidad, el poder queda en manos de quienes saben aprovechar el vacío de vigilancia para su propio beneficio.

España llegó tarde a la democracia después de casi cuarenta años de dictadura, lo que dejó una herencia de obediencia jerárquica, miedo al disenso y cultura clientelar. La transición fue modélica en cuanto a estabilidad política, pero se construyó sobre concesiones que nunca corrigieron del todo los viejos vicios del poder: la falta de transparencia, el uso partidista de las instituciones y la impunidad de las élites.

A diferencia de democracias con muchos más años de evolución, donde la rendición de cuentas y la dimisión por ética política son norma, aquí la corrupción y la manipulación institucional siguen viéndose como “parte del juego”.

Tras pasados ya 50 años que estamos “supuestamente” en democracia, aún seguimos arrastrando el lastre de los vicios institucionales heredados del pasado.

El poder tiende a corromper, y por eso la separación de poderes es el corazón de toda democracia. Pero cuando el poder ejecutivo busca controlar el legislativo o el judicial —ya sea mediante nombramientos, manipulación mediática o dependencia económica— el sistema se degrada.
La corrupción deja de ser una anomalía y pasa a ser estructural: se convierte en la forma habitual de funcionamiento. Se reparten favores, se ocultan responsabilidades y se protege al corrupto con el silencio cómplice de quienes temen perder su posición.

Una democracia no se mide por sus discursos, sino por la independencia real de su justicia. Cuando los jueces o fiscales actúan según intereses políticos, cuando los medios se alinean con partidos, o cuando las leyes se cambian para proteger a quienes gobiernan, la democracia se convierte en un decorado.
El ciudadano, al percibir que la justicia no es igual para todos, pierde la fe en el sistema y cae en la apatía o en el cinismo, lo que alimenta aún más el abuso de poder.

El gran desafío de la democracia no es tanto cambiar las leyes como formar una conciencia democrática. Educar en valores cívicos —honestidad, responsabilidad, respeto, pensamiento crítico— es esencial para que la democracia no sea solo una estructura formal, sino una actitud colectiva.
Solo cuando el ciudadano comprenda que el poder político le pertenece y que puede ejercerlo no sólo votando, sino exigiendo, participando y fiscalizando, podrá romper el círculo de corrupción e indiferencia que hoy asfixia el sistema.

En otras democracias más consolidadas que la española, como las del norte de Europa (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia) no hace falta esperar a una condena judicial para que un político dimita. Alí opera un principio cultural y normativo claro:

“España parece haber tirado del freno de mano en su camino hacia una democracia más limpia, más libre y verdaderamente independiente. Lo que debería ser un sistema basado en la transparencia y la separación de poderes se encuentra atrapado en viejas inercias, en una red de intereses cruzados que perpetúan las mismas prácticas que se pretendían superar.

Un Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que publica sus informes cuando los responsables de los desmanes ya están retirados de la vida política o cuando las posibles responsabilidades han prescrito. Un Consejo General del Poder Judicial continuamente bloqueado, incapaz de renovar su composición por la falta de acuerdo entre los partidos, que anteponen su cálculo partidista a la salud institucional del país.

Un Senado que sigue siendo, en la práctica, un “cementerio de elefantes”: una cámara redundante, subordinada al Congreso, sin una función real de contrapeso o reflexión territorial. Una Abogacía del Estado que debiera ser la garante de la legalidad frente a los excesos del poder, pero con demasiada frecuencia se pliega a los intereses del Ejecutivo de turno. Actualmente, esto se evidencia de forma descarada en el proceso judicial del Fiscal General del Estado, donde la Abogacía se ha convertido abiertamente en su escudo protector, en lugar de actuar como su límite institucional.

Una Agencia Tributaria, por su parte, parece aplicar una inspección selectiva: severa con los ciudadanos comunes, complaciente con los poderosos. Mientras tanto, los medios públicos, con RTVE a la cabeza, actúan más como altavoz del gobierno que como un servicio público independiente, neutral y al servicio de la ciudadanía. Y la Fiscalía General del Estado, cuyo papel debería ser el de custodiar la legalidad con autonomía plena, se encuentra cada vez más subordinada al poder político.

Todo ello dibuja un panorama de instituciones que han perdido su capacidad de contrapeso y vigilancia, un sistema que se oxida bajo el peso de la complacencia y la falta de valentía política.

España necesita recuperar la confianza en su arquitectura democrática: no con reformas cosméticas, sino con una verdadera voluntad de regeneración moral e institucional.

La mera sospecha fundada o contradicción ética bastaría para dejar un cargo

Esto no depende del clamor ciudadano, sino de la presión institucional y de la propia cultura política. Los partidos, los medios y la administración pública tienen protocolos internos de integridad que fuerzan la salida del cargo ante cualquier indicio de corrupción o conflicto de intereses.

Tenemos el caso que está hoy en los Tribunales del Fiscal General del Estado sentado en el banquillo de acusados y no se le ha pasado ni por la cabeza dimitir, o caso, es el propio presidente del gobierno quien no le deja dimitir. Es un caso flagrante de déficit ético e institucional de nuestra democracia. Que el fiscal general del Estado —la figura que encarna la defensa de la legalidad y la imparcialidad del sistema judicial— se siente en el banquillo por falta de neutralidad y permanezca en el cargo, es algo que en otras democracias sería impensable.

En una democracia avanzada, quien ostenta una posición de máxima responsabilidad debe ser el primero en rendir cuentas y dar ejemplo de transparencia y coherencia moral. La sospecha fundada de parcialidad —más aún si es formulada por el Tribunal Supremo— no requiere una condena firme para justificar la dimisión. El principio democrático no es jurídico sino ético y político: el cargo se abandona no porque se haya demostrado el delito, sino porque se ha perdido la confianza pública necesaria para ejercerlo. En los países nórdicos, en Alemania o en el Reino Unido, un fiscal general, ministro o alto cargo dimitiría de inmediato ante una acusación semejante, no por presión mediática, sino por convicción institucional.

El hecho de que el fiscal general sea designado directamente por el Gobierno genera una dependencia estructural del poder ejecutivo. Aunque la Constitución española proclama la autonomía del Ministerio Fiscal, en la práctica su jerarquía piramidal y el procedimiento de nombramiento hacen que la independencia real sea muy limitada. El fiscal general actúa, con frecuencia, como extensión del Gobierno en materia judicial, especialmente en casos sensibles políticamente. Esta situación erosiona la confianza ciudadana y contraviene uno de los pilares de la democracia: la separación de poderes efectiva.

En España, la dimisión no se asume como obligación moral, sino como estrategia de conveniencia. Un político o un alto cargo suele mantenerse mientras pueda sostener su posición con apoyo partidista o mediático. La responsabilidad se entiende en clave judicial, no ética. Así, mientras no haya condena firme, se apela al “respeto al proceso”, ignorando que el ejercicio de un cargo público requiere integridad, no solo legalidad.

El resultado es una democracia que funciona formalmente, pero sin autorregulación moral interna: los mecanismos de control dependen del ruido mediático o de la indignación ciudadana, y no del compromiso institucional.

Cada vez que un cargo público se aferra al poder pese a una acusación grave, se envía a la sociedad un mensaje devastador: “El poder está por encima de la ética.”
Esto alimenta el cinismo social, el desinterés por la política y la idea de que “todos NO son iguales”. La corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en una costumbre tolerada. La pérdida de confianza en la justicia es, a largo plazo, más destructiva que la propia corrupción, porque desactiva el sentido de ciudadanía y de responsabilidad colectiva.

En un sistema democrático maduro, el Fiscal General habría presentado su dimisión inmediata al ser acusado por el Tribunal Supremo. El Gobierno, por respeto institucional, habría aceptado su salida sin demora para preservar la credibilidad del Estado de Derecho, y se habría abierto un proceso de sustitución transparente, con un nombramiento consensuado entre partidos y no designado unilateralmente.
Esa sería la única forma de restaurar la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial.

Y este caso del Fiscal General del Estado, no es un hecho aislado, sino un síntoma de una democracia incompleta, donde los principios están escritos, pero no interiorizados.

Hasta que la ética institucional no tenga más fuerza que la conveniencia política, la democracia española seguirá funcionando más por inercia que por convicción.