El precio del secreto: Condena histórica al fiscal General del Estado por oficializar una filtración
jueves, 11 de diciembre de 2025
El Supremo ha dejado caer el martillo de lleno. 233 folios que son como un ladrillo en la mesa. Condenan a Álvaro García Ortiz, el ex Fiscal General del Estado, y la cosa no es solo simbólica: dos años sin poder optar a ese cargo, 7.200 euros de multa y, para remachar, 10.000 euros que tiene que soltarle a Alberto González Amador por daño moral. Un paquete completo.El núcleo del asunto es un doble movimiento que el tribunal ve como una sola jugada. Primero, la filtración nocturna del correo donde el abogado del novio de Ayuso reconocía el fraude fiscal. Después, la nota de prensa de la Fiscalía, supuestamente para desmentir bulos, pero que según los jueces lo que hizo fue oficializar y agravar la filtración anterior. Lo llaman "unidad de acción". Básicamente, que no fue un desliz, sino una estrategia.
Lo más contundente es cómo han leído las pruebas. El Supremo dibuja un escenario donde las piezas encajan de una forma demasiado perfecta para ser casualidad. Hablan de un "cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente". Han mirado la secuencia frenética de esa noche: la petición urgente de los correos, la llamada confirmada al periodista de la SER antes de la filtración, la reacción de las fiscales subordinadas (como Almudena Lastra, que le espetó "habéis filtrado los correos"), y sobre todo, el borrado concienzudo de los mensajes de WhatsApp justo al día siguiente de que se abriera el procedimiento contra él.
Para el Tribunal, ese borrado no fue una "rutina de protección de datos", sino una "genuina estrategia de defensa" que huele a intento de ocultar el rastro.
El mensaje que lanza la sentencia es duro: el Fiscal General del Estado tiene un deber de confidencialidad reforzado. No puede, para defender el prestigio de la institución, saltarse a la torera los derechos de un investigado. Que otros medios ya supieran algo, no neutraliza su obligación de guardar secreto. Es como si un médico, porque se rumorea que un paciente tiene una enfermedad, confirmara públicamente su historial clínico. No vale.
Pero aquí está la grieta, y es grande. Dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, han firmado un voto particular pidiendo la absolución total. Su argumento es un mazazo a la mayoría: dicen que no hay prueba directa de que García Ortiz filtrase el correo inicial. Señalan que pudieron ser otras de las cientos de personas con acceso. Y sobre la nota de prensa, defienden que no reveló nada que ya no fuera público y que era la única forma legal de desmentir una campaña de desprestigio contra la Fiscalía orquestada desde un poder público (en clara alusión al entorno de Ayuso). Para ellas, la acusación ha sido "desmesuradamente ambiciosa".
Al final, lo que queda es un juicio monumental que va más allá de un solo hombre. Es un pulso sobre los límites del poder, la confidencialidad y cómo se defienden las instituciones en el barro político. La mayoría del Supremo ha dicho que la línea roja se cruzó. Las dos disidentes creen que se ha criminalizado una reacción institucional legítima en un contexto de intoxicación política. García Ortiz ya ha dimitido, pero esto le perseguirá. Y aunque recurrirá, la sombra ya está proyectada: es la primera vez que un Fiscal General cae por algo así. Un precedente que, guste o no, ya es historia y, y nadie quiere que vuelva a ocurrir por el bien de la Institución y la salud democrática de España.
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