Durov, de Telegram, afirma que las restricciones propuestas a las redes sociales españolas buscan censurar a los críticos.

MADRID, 5 de febrero de 2026

Pavel Durov, el fundador de Telegram, ha hecho lo que muy pocos se atreven a hacer hoy en día: mandar un mensaje masivo a millones de españoles desde su propia aplicación para decirles, sin rodeos, que el Gobierno de Pedro Sánchez no está protegiendo a los menores, sino abriendo la puerta a un control que huele a censura vieja conocida. Y lo ha hecho con una frase que resuena: «Estas no son salvaguardias; son pasos hacia el control total».

No es la primera vez que oímos algo parecido. Lo dijo Elon Musk hace unos días llamando tirano al presidente del Gobierno. Ahora lo repite Durov desde Dubái, con la misma crudeza: recopilar datos de todos los usuarios, penalizar algoritmos que amplifiquen lo que el poder considere «dañino», amenazar con cárcel a los directivos de las plataformas… Todo bajo el paraguas de la seguridad de los niños y la lucha contra el odio. Un paquete legislativo que, según el mensaje que ayer llegó a los móviles de tantos españoles, no protege tanto como vigila.

La respuesta de Moncloa no se hizo esperar. La Presidencia del Gobierno salió a decir que ese mensaje masivo de Durov demostraba precisamente por qué hace falta regular: porque un «oligarca tecnológico extranjero» puede inundar teléfonos con su versión de la realidad cuando le place. Lo acusan de mentir, de propaganda, de aprovechar su «control absoluto» sobre la app. Y rematan con una sentencia que pretende ser lapidaria: «Los españoles no podemos vivir en un mundo donde los oligarcas tecnológicos extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos con propaganda a su antojo».

Interesante. Porque si algo ha quedado claro en estos años es que la propaganda, la desinformación y el relato oficial también pueden inundar pantallas, pero cuando lo hace el poder constituido suele venir con membrete oficial, comparecencias en el Congreso y portadas amables.

Sánchez lleva tiempo en esta cruzada. Desde que estalló el caso de su esposa, Begoña Gómez, y lo que él llamó una campaña de desprestigio de la derecha, ha ido subiendo el tono contra las plataformas. Primero el anonimato, luego la identidad digital común europea, ahora la prohibición a menores de 16 años y la espada de Damocles penal sobre los ejecutivos. España se suma así a la fila de países que, con distintos acentos —Gran Bretaña, Francia, Grecia, Australia ya lo hizo—, van apretando tuercas a las redes. La pregunta es si esa tuerca aprieta la libertad de expresión o la garganta de los críticos.

Durov, que estuvo detenido en París y que niega cualquier irregularidad, sabe de qué habla cuando dice que ya hemos visto este guión antes: la «seguridad» como excusa para decidir qué se ve y qué se esconde. Musk lo llamó traidor al pueblo español. Él, más contenido, habla de «control total». Ambos, desde trincheras distintas, coinciden en lo esencial: que detrás de la protección de los menores puede esconderse algo más grande.

Mientras tanto, Google, Meta, TikTok, Snapchat… callan. No responden. Quizá porque saben que cualquier palabra en falso puede costarles cara en un futuro no muy lejano.

Y uno se pregunta, con la serenidad que da ver cómo se repiten los argumentos: ¿de verdad queremos que el remedio contra el odio y la desinformación sea que el Estado decida qué algoritmo es bueno y cuál malo? ¿Que un gobierno —cualquiera que sea— tenga la llave de lo que millones ven cada día en su móvil?

Porque si la libertad empieza a medirse por la edad del usuario o por la conveniencia del mensaje, igual terminamos protegiendo a los menores… pero perdiendo algo mucho más valioso para todos.

La calle, como siempre, tendrá la última palabra. O el silencio de los que ya no se atreven a hablar.