JUDICIAL
Un auto judicial que pone el foco en la gestión de la DANA contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón
viernes, 27 de febrero de 2026
Lo que la magistrada instruye no es una sentencia definitiva ni una condena. Es, más bien, un paso previo, pero de mucho peso. Se trata de un auto judicial elaborado por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, en relación con la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia.
Para entenderlo bien, hay que tener claro que este tipo de resolución no condena a nadie. Lo que hace es analizar lo ocurrido y ver si hay indicios suficientes de delito como para seguir investigando a determinadas personas.
Y aquí está la clave.
La jueza no puede investigar directamente al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque tiene la condición de aforado. Eso significa que solo un tribunal superior puede hacerlo. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Por eso, lo que ha hecho la jueza es redactar una “exposición razonada”, un documento extenso, de más de cien páginas, en el que explica por qué considera que hay indicios para investigar a Mazón. Es, por decirlo de forma sencilla, como trasladar el caso al tribunal competente para que decida si abre o no una causa contra él.
¿Qué ve la jueza en lo ocurrido?
El núcleo del auto gira en torno a una idea muy clara: la posible existencia de una negligencia grave en la gestión de la emergencia.
La DANA —una Depresión Aislada en Niveles Altos— no fue algo inesperado. Según el auto, estaba anunciada con antelación suficiente, y el episodio de lluvias intensas era previsible. No se trataba de un fenómeno totalmente sorpresivo.
A partir de ahí, la jueza sostiene que falló la coordinación. Habla de una falta de dirección clara en un momento crítico, cuando las decisiones debían tomarse con rapidez y precisión. Y señala que, en una situación así, la responsabilidad última recae en quien está al frente del Gobierno autonómico.
Según el auto, esa implicación no se produjo como debía. Se describe una actitud de pasividad y ausencia en momentos clave, que, a juicio de la jueza, pudo influir en el resultado final.
Un mensaje que pesa más de lo que parece
Uno de los puntos más llamativos del auto es una conversación de WhatsApp.
Ese mismo día, el jefe de gabinete del presidente envió un mensaje a la entonces consellera de Interior diciendo: “De confinar nada”. La jueza interpreta ese mensaje no como una opinión, sino como una indicación clara de actuación.
Y va más allá. Considera que ese tipo de instrucciones difícilmente se darían sin conocimiento del presidente. Es decir, que quien las transmitía lo hacía, probablemente, siguiendo una línea marcada desde arriba.
Para la jueza, resulta poco creíble que un colaborador tan cercano tomara decisiones de ese calibre por su cuenta. De ahí que entienda que puede existir una conexión directa con la responsabilidad del presidente.
Parálisis en un momento crítico
Otro de los aspectos que se destacan es la falta de decisiones rápidas.
La consellera competente, según el auto, tenía dudas sobre su margen de actuación. Esa incertidumbre generó retrasos. Y en una situación de emergencia, cada minuto cuenta.
Además, no se activaron avisos concretos a la población con la rapidez necesaria. Y esto es fundamental, porque muchas de las muertes se produjeron sin que las personas afectadas tuvieran una alerta clara de lo que estaba ocurriendo.
Aquí la jueza introduce una idea clave en Derecho penal: el “nexo causal”. Es decir, la relación entre lo que se hizo —o no se hizo— y el resultado final.
En este caso, sostiene que la falta de avisos y de medidas preventivas pudo tener una relación directa con el elevado número de víctimas.
Una conclusión muy dura
El auto no se anda con rodeos. Habla de “negligencia absoluta” en el nivel más alto de responsabilidad.
No se trata solo de errores de gestión, sino de posibles omisiones relevantes: no coordinar, no supervisar, no intervenir cuando la situación lo exigía.
Incluso se relatan casos concretos de víctimas para mostrar cómo, según la investigación, algunas muertes podrían haberse evitado con decisiones distintas.
Eso es lo que da gravedad al asunto: no es solo un análisis técnico, sino que pone el foco en consecuencias humanas muy concretas.
¿Y ahora qué ocurre?
A partir de aquí, la decisión ya no está en manos de la jueza de Catarroja.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene que estudiar esa exposición razonada y decidir si ve motivos suficientes para abrir una investigación formal contra Mazón.
Si lo hace, el presidente pasaría a ser investigado por ese tribunal. Si no, el asunto quedaría archivado en lo que a él se refiere.
Mientras tanto, la instrucción sigue su curso para otras personas que no están aforadas.
Una reflexión final
Este tipo de resoluciones suelen generar mucho ruido, porque afectan a responsabilidades políticas y, además, en un contexto dramático como fue aquella DANA.
Pero conviene no perder de vista algo importante: estamos ante una fase de investigación, no ante una condena. Lo que se está discutiendo es si hubo errores, si fueron graves y si pueden tener relevancia penal.
Y eso, en un Estado de Derecho, lo tienen que decidir los tribunales, con calma y con pruebas.
Porque detrás de todo esto no hay solo debates políticos o jurídicos. Hay vidas perdidas. Y cuando ocurre algo así, lo mínimo que se espera es saber qué pasó realmente y si se pudo haber evitado.
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