POLÍTICA
Sangre y silencio: 147 años de historia controvertida del PSOE
Domingo, 15 de marzo de 2026
Ayer se estrenó el documental “Los crímenes del Partido socialista”. Cientos de personas acudieron para ver el documental que sánchez y el PSOE intentaron vetar hasta el último minuto
En las sombras de la memoria colectiva, donde el pasado se entreteje con el poder del presente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha trazado un arco histórico de más de un siglo que, junto a sus contribuciones a la democracia y al progreso social, arrastra un legado de episodios graves y controvertidos. Estos hechos, documentados en archivos, testimonios y sentencias judiciales, emergen periódicamente como espectros que ciertos sectores del poder político y mediático parecen empeñados en mantener en la penumbra, incluso cuando se intenta iluminarlos a través del cine documental. No se trata aquí de juicios sumarios ni de panfletos partidistas, sino de una reflexión serena sobre cómo la historia, cuando toca fibras sensibles del relato oficial, genera resistencias que van más allá del mero debate académico.
Desde su fundación en 1879, el PSOE se erigió como voz de las clases trabajadoras en una España convulsa. Sin embargo, durante la Segunda República y la Guerra Civil, el partido —y las fuerzas republicanas que lo integraban— protagonizó momentos de violencia institucionalizada y persecución que aún hoy dividen a los historiadores. Las checas, las matanzas de clérigos y civiles en la zona republicana, y la represión selectiva contra disidentes internos forman parte de un balance de atrocidades que, si bien compartido con el bando contrario, ha sido minimizado en el relato dominante de la Transición. Libros como los de Pío Moa o estudios forenses posteriores han intentado equilibrar esa memoria, pero su difusión pública ha encontrado barreras institucionales y culturales, como si reconocer la complejidad equivaliera a cuestionar la legitimidad del régimen posterior.
La etapa de Felipe González (1982-1996) representa, quizá, el capítulo más paradigmático de esta dualidad. Bajo su mandato se consolidó el Estado de las autonomías y España ingresó en Europa, pero también se desvelaron escándalos de corrupción estructural —el caso Filesa, el saqueo de fondos públicos en el CESID o el despilfarro en el AVE— y, sobre todo, la creación de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Estos comandos parapoliciales, financiados con dinero público y dirigidos desde el Ministerio del Interior, cometieron al menos 26 asesinatos y secuestros en la lucha contra ETA, muchos de ellos de civiles inocentes en territorio francés. La sentencia del Tribunal Supremo de 1998 condenó a altos cargos socialistas, incluido al propio ministro José Barrionuevo, y reveló un Estado que, en nombre de la razón de Estado, vulneró sistemáticamente el Estado de Derecho. Aquellos hechos no fueron anécdotas: fueron crímenes de Estado juzgados y probados. Y sin embargo, el paso del tiempo y la narrativa de la “modernización” han diluido su peso en la conciencia pública.
En las décadas siguientes, bajo José Luis Rodríguez Zapatero y, especialmente, Pedro Sánchez, nuevos episodios han venido a engrosar el catálogo. La gestión de los atentados del 11-M (2004), con sus contradicciones investigadoras y la posterior instrumentalización política; los casos de corrupción en Andalucía (ERE) o la trama de los cursos de formación; y, en los últimos años, las investigaciones abiertas sobre el caso Koldo, las influencias en el entorno familiar de Begoña Gómez o las supuestas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia. Cada uno de estos asuntos ha sido objeto de diligencias judiciales, informes de la Guardia Civil y debates parlamentarios. No son invenciones: son expedientes abiertos que, en un Estado democrático, deberían merecer transparencia plena.
Lo inquietante no reside solo en la gravedad de los hechos —que cualquier partido con tanto poder ha acumulado en mayor o menor medida—, sino en la reacción sistemática cuando se intenta sacarlos a la luz en formatos accesibles al gran público. Las denuncias ante la Junta Electoral Central contra documentales como Los crímenes del Partido Socialista (estrenado en marzo de 2026) o Sánchez S.A. (octubre de 2025), las campañas de descrédito en medios afines, la presión para limitar su distribución y el recurso retórico del “negacionismo” o la “desinformación” revelan un patrón: el miedo a que la narrativa oficial —aquella que pinta al PSOE como víctima exclusiva de la historia— se resquebraje. Como si la mera existencia de una película, por sesgada que sea en su enfoque, constituyera una amenaza existencial. En una democracia madura, el antídoto a un documental tendencioso no es la censura velada, sino otro documental, otro libro, otro debate. La supresión, aunque sea sutil, huele a temor.
La historia no es un tribunal que emita veredictos absolutos, pero tampoco puede ser un relato editado por conveniencia. El PSOE, como cualquier formación centenaria, merece ser examinado con rigor, sin hagiografías ni demonizaciones. Que hechos graves —probados, juzgados o aún bajo investigación— encuentren resistencia a su divulgación cinematográfica o literaria no habla solo del partido; habla de una cultura política que prefiere el control del relato al ejercicio pleno de la memoria. En última instancia, la verdad histórica no necesita permiso ministerial: se abre paso, tarde o temprano, a través de las grietas que el propio poder deja abiertas. Y mientras exista quien se atreva a filmarla, escribirla o contarla, la democracia española seguirá respirando, aunque sea con dificultad.
Esta reticencia a la transparencia no es un vestigio del pasado; persiste en el presente, ensombreciendo el gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada al poder en 2018. Bajo su mandato, el PSOE ha sido salpicado por una sucesión de escándalos que revelan patrones de corrupción sistémica, tráfico de influencias y abuso de poder, muchos de ellos aún bajo investigación judicial.
El Caso Koldo, por ejemplo, implica a ex altos cargos como José Luis Ábalos (exministro de Transportes) y Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE), acusados de cobrar comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, con derivadas que incluyen pagos en negro, prostitución y desvío de fondos públicos. Esta trama, investigada por la Guardia Civil, ha llevado a dimisiones y prisiones preventivas, exponiendo cómo el entorno cercano al presidente utilizó el Estado para beneficio personal. No es un caso aislado: la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, enfrenta diligencias por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios relacionados con subvenciones y contratos universitarios. Su hermano, David Sánchez, ha sido imputado por irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz.
Además, emergen denuncias de acoso sexual y corrupción moral dentro del partido, que contradicen su discurso feminista y ético. Otros episodios, como el Caso Tito Berni o tramas en Andalucía (ERE), prolongan esta cadena de sombras que, desde 2018, han generado múltiples juicios y un clima de inestabilidad.
Es hora de que el PSOE rompa este ciclo vicioso. Pedir perdón históricamente no es un signo de debilidad, sino de madurez democrática: un reconocimiento público de estos hechos probados, seguido de una limpieza interna profunda que incluya reformas estatutarias, auditorías independientes y un compromiso inquebrantable con la transparencia. Solo así podrá el partido liberarse de las cadenas de su pasado y presente delictivo, recuperando la credibilidad ante una sociedad que exige no solo justicia, sino también redención. En una democracia consolidada, el perdón no es opcional; es el puente hacia un futuro limpio de sospechas, donde el poder sirva al bien común y no a intereses ocultos.
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