JUDICIAL
El Tribunal Supremo abre causa a un senador del PSOE por proponer el nombramiento de su esposa, afiliada al mismo partido, como jueza de Paz
Al navegar por la web del Poder Judicial de España, me he topado hoy con una resolución que, por desgracia, ya no sorprende, pero que no deja de ser alarmante. Es un reflejo nítido de cómo el poder político estira sus tentáculos de manera incansable para colonizar espacios y parcelas de poder que, por ley y por higiene democrática, no le corresponden
El foco nos lleva directos a un pueblo precioso de la sierra de Cádiz, a Villaluenga del Rosario. Cuatrocientos sesenta y cuatro habitantes, fíjate qué maravilla de rincón. Pero lo que ha pasado allí no es ninguna maravilla; es la enésima demostración de cómo algunos confunden el Ayuntamiento, las instituciones y hasta los juzgados con el salón de su propia casa. Con el cortijo, vamos.
Lean esta sentencia porque no tiene desperdicio. Resulta que en noviembre de 2022, el consistorio saca a concurso la plaza de juez de Paz. Un puesto humilde, sí, pero ojo, que forma parte de la mismísima base de nuestro sistema judicial. Como allí se conocen todos y nadie del pueblo se presenta, ¿quién aparece providencialmente para salvar los muebles? La mujer del alcalde. Alucinante. La esposa del regidor, que resulta ser además senador del PSOE, decide que ella es la idónea.
¿El problema? Que la señora llevaba afiliada al partido desde el año 2007. Y aquí viene el nudo de la cuestión, lo que a cualquiera con dos dedos de frente le parecería una línea roja de manual: la Constitución española, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de los jueces de Paz lo dicen clarito, en letras de molde, sin rodeos: un juez no puede pertenecer a un partido político ni a un sindicato. Punto. Es una prohibición absoluta para garantizar la independencia del sistema. Da igual que seas magistrado del Supremo o juez de Paz en el pueblo más pequeño de España.
Pues les dio exactamente igual. En marzo de 2023, el pleno municipal aprueba la candidatura única. Ella presenta una declaración jurada diciendo que, oye, que no tiene ninguna incompatibilidad porque es sanitaria. Y hala, propuesta enviada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y toma de posesión en julio. Pero la desfachatez no se queda ahí. Es que la Fiscalía destaca que, mientras ejercía la judicatura en el pueblo, la señora no se perdía ni un solo mitin ni un acto público de su partido. Con un par. Así, con total naturalidad, hasta que en mayo de 2025 decide presentar la renuncia.
¿Y ahora qué pasa? Pues que ha tenido que llegar el Tribunal Supremo a poner las cosas en su sitio. La Sala Segunda le ha abierto causa al senador y alcalde, Alfonso Carlos Moscoso, y también a su mujer. Los acusan de presuntos delitos por proponer y aceptar un cargo público a sabiendas de que era ilegal, algo que el Código Penal castiga con multas y suspensión de empleo o cargo público. La magistrada Susana Polo ya ha sido nombrada instructora para investigar este auténtico despropósito.
El propio Supremo lo deja muy claro en su auto, y esto es lo verdaderamente importante: hay que desterrar cualquier sesgo de afinidad política en la justicia para fortalecer la independencia de un Estado de Derecho. No se puede jugar con las instituciones ni utilizarlas para colocar a los tuyos saltándote las leyes más sagradas de la democracia.
A ver cómo le explican ahora al Alto Tribunal este "todo queda en familia". De verdad, qué país. Lo dicho, este partido socialista más que partido se debería llamar “cortijo socialista”.
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