La Audiencia Provincial de Murcia condena a un policía por lesiones a un manifestante durante la huelga general de 2012
La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condena a un policía por lesiones durante la huelga general de 2012 se siente como una de esas escenas en las que el guión se tuerce en una trama de contradicciones. Por un lado, tenemos al policía, ese hombre de uniforme al que siempre se le exige más que a los demás, enfrentado a una turba que no tiene reglas. Y por otro, la brutalidad que a veces aflora en quienes llevan por dentro más que un uniforme, como si el poder fuera una extensión de sus frustraciones o un mal reflejo de la autoridad.
El 14 de noviembre de 2012, la Plaza Fuensanta en Murcia fue un hervidero. La UPR formó su cordón, un muro humano que debía contener la furia colectiva. Pero algo falló. El manual del procedimiento se quedó en papel mojado, y los policías, en lugar de mantener la compostura, se lanzaron como perros tras los manifestantes. Hubo empujones, golpes y el caos habitual de las cargas policiales que, como sabemos, a menudo pierden la proporción cuando se sueltan los nervios.
Siete agentes persiguiendo, golpeando, como si la consigna no fuera proteger el orden, sino imponerlo a base de puños. La sentencia es clara: tres policías golpearon a un manifestante, pero solo uno fue identificado. Este pagará los platos rotos con un año de prisión, mientras que los otros tres, esos fantasmas que se pierden entre los cascos y las porras, salen de la escena como si nada. Y así, el relato judicial nos deja la sensación de que siempre hay un sacrificable, un condenado que purga los pecados de todos, mientras el resto sigue su camino.
Lo más curioso, si cabe, es el descontrol dentro del propio cuerpo policial. No solo es que algunos agentes se pasaran de rosca; es que desobedecieron órdenes, se apartaron del plan. En esas situaciones límite, los policías también son humanos, pero ¿hasta qué punto pueden permitirse serlo cuando se juega con la autoridad del Estado? El manifestante herido, con su cara y mano destrozadas, tendrá su indemnización y su justicia. Pero la pregunta queda: ¿qué pasa con la formación, con el control interno, con esos límites que parecen desdibujarse cuando las sirenas suenan más fuerte?
Esta sentencia no solo expone la violencia policial, sino también la fragilidad de un sistema que muchas veces no puede contener sus propios excesos. Mientras tanto, el policía condenado, que seguro no fue ni el primero ni el último en usar la fuerza de más, será el rostro de un caso que refleja la ambigüedad constante en la frontera entre el deber y el abuso.
Pepe Rojas Molina
´Liberado, crítico de la realidad´
28 de octubre de 2024
La sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que condena a un policía por lesiones durante la huelga general de 2012 se siente como una de esas escenas en las que el guión se tuerce en una trama de contradicciones. Por un lado, tenemos al policía, ese hombre de uniforme al que siempre se le exige más que a los demás, enfrentado a una turba que no tiene reglas. Y por otro, la brutalidad que a veces aflora en quienes llevan por dentro más que un uniforme, como si el poder fuera una extensión de sus frustraciones o un mal reflejo de la autoridad.
El 14 de noviembre de 2012, la Plaza Fuensanta en Murcia fue un hervidero. La UPR formó su cordón, un muro humano que debía contener la furia colectiva. Pero algo falló. El manual del procedimiento se quedó en papel mojado, y los policías, en lugar de mantener la compostura, se lanzaron como perros tras los manifestantes. Hubo empujones, golpes y el caos habitual de las cargas policiales que, como sabemos, a menudo pierden la proporción cuando se sueltan los nervios.
Siete agentes persiguiendo, golpeando, como si la consigna no fuera proteger el orden, sino imponerlo a base de puños. La sentencia es clara: tres policías golpearon a un manifestante, pero solo uno fue identificado. Este pagará los platos rotos con un año de prisión, mientras que los otros tres, esos fantasmas que se pierden entre los cascos y las porras, salen de la escena como si nada. Y así, el relato judicial nos deja la sensación de que siempre hay un sacrificable, un condenado que purga los pecados de todos, mientras el resto sigue su camino.
Lo más curioso, si cabe, es el descontrol dentro del propio cuerpo policial. No solo es que algunos agentes se pasaran de rosca; es que desobedecieron órdenes, se apartaron del plan. En esas situaciones límite, los policías también son humanos, pero ¿hasta qué punto pueden permitirse serlo cuando se juega con la autoridad del Estado? El manifestante herido, con su cara y mano destrozadas, tendrá su indemnización y su justicia. Pero la pregunta queda: ¿qué pasa con la formación, con el control interno, con esos límites que parecen desdibujarse cuando las sirenas suenan más fuerte?
Esta sentencia no solo expone la violencia policial, sino también la fragilidad de un sistema que muchas veces no puede contener sus propios excesos. Mientras tanto, el policía condenado, que seguro no fue ni el primero ni el último en usar la fuerza de más, será el rostro de un caso que refleja la ambigüedad constante en la frontera entre el deber y el abuso.
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