El Tribunal Supremo anula el ascenso a General de Brigada de un coronel de la Guardia Civil al estimar el recurso de una asociación APROGC
Pepe Rojas Molina
´Liberado, crítico de la realidad y
vocero judicial´
jueves, 14 de noviembre de 2024
El Tribunal Supremo ha dictaminado la anulación del ascenso a General de Brigada del coronel de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias, debido a las serias irregularidades detectadas en el proceso de promoción. La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) había presentado un recurso contra el decreto de ascenso, alegando que el procedimiento empleado carecía de legalidad y transparencia.La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) ha mostrado su descontento con el proceso de ascenso de coroneles a generales de brigada en la Guardia Civil. Desde 2020, consideran que los ascensos se realizan de manera arbitraria, sin seguir los criterios tradicionales de mérito, capacidad e idoneidad. En lugar de basarse en evaluaciones objetivas, las decisiones parecen estar influenciadas por el Ministerio del Interior, lo que ha generado preocupación sobre la credibilidad y prestigio de la institución.
Vemos un Ministerio del Interior que, desde 2020, juega con el mérito y la capacidad a su antojo. Nada de escuchar al Consejo Superior de la Guardia Civil, que es el órgano encargado de evaluar y determinar quién merece el ascenso. No. El Ministro sigue sus propios criterios, alterando el orden de prelación y dejando en el aire la credibilidad de toda una institución casi bicentenaria.
Este caos administrativo no es solo un problema interno, sino una mancha en el prestigio de la Guardia Civil, que durante décadas ha sido un ejemplo de igualdad de oportunidades y competencia. En lugar de garantizar que los ascensos se basen en méritos y capacidad, nos encontramos con un «yo mando y tú obedeces». El orden establecido se ignora a favor de decisiones que, aunque no sean políticamente motivadas, son totalmente arbitrarias.
El prestigio de los nuevos generales no está en duda, pero lo que está en juego es mucho más profundo: la confianza en una institución que siempre ha sido ejemplar en su independencia. Con cada ascenso manipulado, esa confianza se va desgastando.
Pues bien, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha dejado claro en su sentencia, y ha ordenado la retroacción del proceso para que el director de la Guardia Civil emita un informe propio, tal como lo establece el artículo 67.2 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Esta medida busca garantizar una nueva evaluación de los candidatos y un análisis detallado de los criterios de selección empleados en el proceso de ascenso.
La ministra de Defensa, oído el ministro del Interior, deberá ahora presentar una propuesta al Consejo de Ministros para valorar la prelación e idoneidad del coronel ascendido, lo cual podría llevar a una nueva evaluación de su candidatura. Además, el tribunal ha recordado que ha pronunciado sobre esta cuestión en otros casos, lo que sugiere un criterio general aplicable a todos los procesos de ascenso al empleo de General de Brigada en la Guardia Civil.
La Sala también ha reconocido la legitimación de APROGC para actuar en defensa de la legalidad del procedimiento de ascenso, lo cual constituye un fuerte golpe a la burocracia y la falta de transparencia en la Guardia Civil. Esta sentencia abre la puerta a la posibilidad de una reforma en el sistema de promoción en la institución, con el objetivo de garantizar un proceso más justo y transparente para los miembros del cuerpo.
Esta decisión del Tribunal Supremo ha generado un gran impacto en la institución, ya que pone en entredicho la legalidad de los procesos de ascenso en la Guardia Civil y obliga a repensar el sistema de promoción en la institución. La sentencia es un llamado a la acción para la dirección de la Guardia Civil y el Gobierno para garantizar que los procesos de ascenso sean transparentes y justos, y que los miembros del cuerpo puedan acceder a los puestos de liderazgo a través de un proceso riguroso y legal.
MORALEJA
La filosofía de los ascensos dictados por el «dedo autocrático» refleja la deriva autoritaria en la gestión del mérito y la capacidad dentro de las instituciones, en este caso la Guardia Civil. En lugar de respetar los criterios de igualdad y evaluación objetiva, este enfoque dogmático impone decisiones arbitrarias basadas en los caprichos o intereses de quienes detentan el poder. La transparencia y la justicia se erosionan, generando desconfianza en los cuerpos de seguridad, que cuestiona los valores fundacionales de instituciones clave como la Guardia Civil, que afecta su credibilidad y legado.
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