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La Audiencia de Sevilla condena a tres años de cárcel y multa de 50 millones

de euros al exsecretario general de UGT-A por delitos de

fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil

Pepe Rojas Molja

´Liberado y crítico de la realidad´

Vocero judicial

28 de noviembre de 2024

Lo de UGT-Andalucía es el ejemplo perfecto de cómo los líderes de ciertas organizaciones, que deberían ser la punta de lanza en la defensa de los trabajadores, terminan siendo los protagonistas de uno de los mayores desfalcos de dinero público. La Audiencia de Sevilla ha condenado al exsecretario general de UGT-A, Francisco F.S., a tres años de cárcel y a una multa de 50 millones de euros, por utilizar fondos públicos destinados a la formación de trabajadores para fines que nada tenían que ver con el desempleo, ni mucho menos con el interés general.

¿Subvenciones para cursos de formación? Sí, claro. Pero aquí lo que se ha financiado son las actividades privadas del sindicato, ajenas a los fines sociales para los que fueron entregadas. De los más de 40 millones de euros defraudados, UGT-A ha dispuesto a su antojo, mientras que los trabajadores, que debían ser los beneficiados, se quedaban esperando. El sindicato, por supuesto, también es responsable subsidiario de estos delitos. Es increíble cómo se juega con el dinero de los parados para engordar las cuentas de una organización que, en teoría, proclama la defensa de esos mismos trabajadores.

Y no es solo Francisco F.S. El tribunal ha impuesto condenas de entre tres y seis años de prisión a otros altos cargos del sindicato, como Federico F., María C., Enrique G., y Dolores S., que se prestaron a esta trama de falsedad y fraude. Todos ellos, implicados en maniobras dignas del mejor manual de corrupción: facturas infladas, proveedores amañados, descuentos ocultos y un sistema llamado "bote" para justificar ante la Administración lo que nunca se gastó. Mientras, UGT-A seguía llenando su caja con dinero destinado a la formación.

Lo más vergonzoso es la “alarma social” que este tipo de actuaciones produce, según señala el tribunal. ¡Claro que alarma! Que un sindicato, creado para proteger a los más débiles, se dedique a desviar fondos públicos para mantener su estructura es, sencillamente, una traición a los principios de la sociedad. Y peor aún, todo esto con la complacencia de una Junta de Andalucía que, en su momento, otorgó estas subvenciones sin control suficiente. ¿Y ahora qué? Los condenados tendrán que pagar, pero el daño ya está hecho. Y los trabajadores, otra vez, son los que han perdido.