El caso Cerdán: otra mancha de corrupción en el PSOE

 “El caso Cerdán: las cloacas del poder socialista”

@pepe_rojas99

´Cyrano de la realidad

viernes, 13 de junio de 2025

La trama de comisiones ilegales que salpica a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García destapa un nuevo episodio de presunta corrupción política en las altas esferas del poder. El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela graves irregularidades vinculadas a adjudicaciones públicas, pagos ilegales y grabaciones comprometedoras.

Según la investigación, las conversaciones interceptadas y registradas por Koldo García —exasesor del entonces ministro Ábalos— implican de forma directa tanto al exministro como al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La UCO señala a Cerdán como intermediario clave en el cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de obra pública, lo que agrava el alcance institucional del caso y compromete seriamente la credibilidad del partido.


Según el informe, la trama se articulaba en tres niveles: A nivel político, José Luis Ábalos, como ministro de Fomento, y Santos Cerdán, desde su papel estratégico en el PSOE, aparecen como actores centrales. Ambos habrían utilizado su influencia para facilitar adjudicaciones. Como intermediación técnica y administrativa, tenemos a Koldo García, nexo entre las empresas y el poder político, funcionaba como recaudador y negociador. y como empresas beneficiarias, tenemos principalmente a Acciona, pero también Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), que, según el informe, abonaban mensualmente cantidades relevantes como contraprestación.

Entre las adjudicaciones implicadas figuran obras públicas en Murcia, Logroño, Sevilla y Tarragona. El montante de las comisiones superaría los 600.000 euros, de los cuales una parte todavía estaría pendiente de abono según las grabaciones.

Uno de los aspectos más comprometedores del informe es la transcripción de una conversación de 2021 en la que Cerdán habla con claridad de “descontar de los 550.000 euros” y gestionar pagos relacionados con diversas adjudicaciones. La UCO afirma que Santos Cerdán “se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos”, lo que le sitúa como coordinador financiero de los repartos ilícitos.

Las grabaciones revelan una mecánica de pagos asociada a obras públicas donde se discute, sin tapujos, la distribución de dinero entre los implicados. El lenguaje utilizado —más propio de una transacción mercantil que de una gestión política— refuerza la hipótesis de un entramado bien organizado, de carácter sistemático y sostenido en el tiempo.

El informe también apunta a una segunda vía de financiación ilegal: pagos mensuales de 10.000 euros de Víctor de Aldama a Koldo, incluso cuando ya no trabajaba en el ministerio. Esta “nómina encubierta” buscaba garantizar influencia para futuras adjudicaciones, mostrando una permanencia estructural de la corrupción más allá del cargo público.

Además, las tensiones internas dentro del grupo —con reproches de Cerdán a Koldo por aceptar comisiones de empresas “pequeñas” o no autorizadas por él— sugieren un intento de control piramidal del sistema de cobros, donde el liderazgo también implicaba centralizar el flujo económico ilegal.

La gravedad del caso ha forzado a Santos Cerdán a dimitir como secretario de Organización del PSOE y entregar su acta de diputado. Pese a declararse inocente, su salida deja al partido, y a su secretario general y presidente de gobierno Pedro Sánchez, en una posición comprometida, institucional y moralmente.

El juez del Tribunal Supremo ha ofrecido a Cerdán declarar voluntariamente ante los “consistentes indicios” recogidos por la UCO, lo que supone una inminente judicialización del caso con posibles consecuencias penales.

Más allá de las responsabilidades individuales, este escándalo sacude los cimientos de la credibilidad del PSOE y pone en entredicho el sistema de adjudicaciones públicas en España. La figura de Santos Cerdán no era secundaria: como número tres del partido, constituía uno de los pilares del aparato orgánico socialista. Su presunta implicación en un entramado de cobros ilegales y reparto de comisiones golpea de lleno la narrativa de regeneración ética que el PSOE ha defendido desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Resulta especialmente hiriente que esta trama refleje exactamente aquello que Sánchez denunció con firmeza a su antecesor, Mariano Rajoy, en un contexto de corrupción similar.

Además, este caso se produce en un contexto político sensible, donde la ciudadanía observa con creciente desconfianza la relación entre política y dinero. La revelación de conversaciones privadas grabadas durante años evidencia la opacidad de las redes de poder y la dificultad del sistema para autorregularse sin presión externa.

Este nuevo episodio no puede ser interpretado como un caso aislado, sino como una muestra más de la corrupción estructural que puede anidar en las instituciones públicas cuando los controles son insuficientes y la rendición de cuentas, deficiente.

Aunque la justicia determinará las responsabilidades penales, los hechos expuestos por la UCO y su coherencia con las adjudicaciones públicas concretas exigen una respuesta política contundente, profunda y ejemplar. Lo contrario supondría normalizar la connivencia entre poder y corrupción, en detrimento del bien común y de la confianza ciudadana en la democracia.

En una democracia madura, la rendición de cuentas no solo se limita al ámbito judicial o individual, sino que alcanza también a quienes ostentan la máxima responsabilidad, especialmente cuando el escándalo afecta al núcleo de confianza y dirección del partido político.

Santos Cerdán no era un militante cualquiera: era el secretario de Organización del PSOE, un cargo clave en el entramado político del partido, responsable directo de la articulación interna, de la coordinación territorial y de las decisiones estratégicas. Su implicación en una presunta red de comisiones ilegales compromete no solo su integridad, sino la del entorno más próximo del presidente del Gobierno, del que era colaborador estrecho.

Por ello, cabría preguntarse si, en coherencia con los principios de regeneración democrática que el propio Pedro Sánchez ha reivindicado con contundencia —llegando incluso a pedir dimisiones en la oposición por casos de menor calado—, no debería él mismo dar un paso al frente. Poner su cargo a disposición, aunque fuera simbólicamente o a través de una cuestión de confianza parlamentaria, podría ser un gesto de dignidad política, que marcaría un precedente y reforzaría el valor de la ejemplaridad en el ejercicio del poder.

Dimitir no implica necesariamente admitir una culpa personal, sino asumir que bajo su liderazgo se ha producido una grave degradación institucional y ética. En democracia, la responsabilidad no es solo penal, sino también política y moral. Si el PSOE aspira a mantener su legitimidad como fuerza transformadora y ética, este puede ser el momento de demostrar que sus principios están por encima de los cargos.