OPINIÓN
"Hodio o el peligro de poner un termómetro a las ideas"
El pasado 11 de marzo de 2026 el Gobierno presidido por Pedro Sánchez presentó en Madrid una nueva herramienta con un nombre tan llamativo como inquietante: “Hodio”, acrónimo de Huella del Odio y la Polarización. Según se explicó en el foro donde fue anunciada, su objetivo es medir y analizar la presencia de discursos de odio en las redes sociales y elaborar informes periódicos sobre su evolución.
La iniciativa estará gestionada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y analizará el contenido que circula por plataformas como X, Instagram, TikTok, YouTube o Facebook. Con esos datos se elaborarán informes semestrales y un ranking público que valorará qué redes combaten mejor el odio y cuáles lo permiten o lo amplifican.
Hasta aquí, el planteamiento podría parecer razonable. Nadie defiende el insulto, la deshumanización o la incitación a la violencia. El racismo, la xenofobia o cualquier forma de odio organizado merecen ser combatidos con firmeza.
Pero cuando uno examina con un poco de distancia esta nueva iniciativa, empiezan a aparecer muchas sombras y no pocas preguntas.
La primera es bastante obvia: ¿qué necesidad real había de crear esta herramienta? España ya dispone de un marco legal claro para perseguir el odio real. La Constitución protege la libertad de expresión, pero también fija sus límites cuando se vulnera la dignidad de las personas. Y el Código Penal —especialmente su artículo 510— castiga expresamente la incitación al odio o a la violencia contra colectivos.
Además, a nivel europeo ya existe una regulación muy exigente, como el Digital Services Act, que obliga a las grandes plataformas digitales a controlar y reducir la difusión de contenidos ilegales o peligrosos.
Por si fuera poco, el propio OBERAXE lleva años monitorizando mensajes de odio en internet y publicando informes periódicos. Es decir, la estructura y el trabajo ya existen.
Por eso resulta inevitable preguntarse si “Hodio” es realmente una herramienta nueva o simplemente una forma de rebautizar lo que ya se hacía, añadiendo un nombre impactante y una mayor visibilidad política.
Pero el problema no es solo ese. Lo verdaderamente delicado está en otro punto: quién decide qué es odio y qué no lo es.
En una democracia sana, criticar a un gobierno, cuestionar una política pública o expresar una opinión incómoda forma parte del debate legítimo. Una crítica argumentada, aunque resulte molesta o desagradable para algunos, no puede convertirse de repente en “discurso de odio”.
Sin embargo, cuando se crea un sistema que mide el odio, clasifica mensajes y además señala públicamente a las plataformas, se introduce un elemento de presión que puede tener consecuencias muy claras. Las redes sociales, para evitar aparecer mal situadas en esos rankings o para no verse acusadas de tolerar el odio, tenderán a eliminar cada vez más contenidos.
Y en ese proceso la frontera entre odio y discrepancia puede empezar a difuminarse.
La historia reciente de internet ya nos ha enseñado algo: cuando se crea un mecanismo de vigilancia del discurso, la tentación de ampliarlo siempre está ahí. Hoy se aplica a los insultos más extremos; mañana puede empezar a incluir opiniones incómodas, críticas duras o debates políticamente sensibles.
No se trata de negar que el odio exista ni de minimizar sus efectos. Se trata de recordar algo fundamental: la libertad de expresión también protege las ideas que incomodan, molestan o irritan.
Por eso, más que combatir el odio —algo que todos podemos compartir— lo que realmente debería preocuparnos es que el poder político empiece a construir instrumentos para medir, clasificar y vigilar el lenguaje público.
Porque cuando el poder se convierte en árbitro de las palabras, la libertad deja de ser un derecho y empieza a parecerse demasiado a una concesión.
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