El Tribunal Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado
por un presunto delito de revelación de secretos
Por unanimidad
Pepe Rojas Molina
´Liberado, crítico de la realidad´
4 de noviembre de 2024
El circo judicial está de vuelta en la ciudad! Esta vez con un cartel de lujo: la apertura de una causa contra nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Un bombazo que sacude los cimientos de la justicia y deja al Ministerio Fiscal con el rostro rojo de vergüenza.
El pasado jueves conocíamos la noticia de esa sentencia que no deja de sorprender hasta el más pintado. La Sala de lo Penal, con una rapidez y precisión que no solemos ver cuando se trata de peces gordos, ha decidido unánimemente, ojo, por unanimidad, meter en vereda a quien se supone que es el guardián de la legalidad. Y no, no lo hacen por cualquier bagatela. No, señor.
El delito del que se acusa a García Ortiz no es menor: revelación de secretos.
¿Quién lo iba a decir? Que el encargado de velar por el secreto profesional y la protección de los derechos del investigado esté ahora acusado de sacar a la luz lo que debía mantenerse bajo siete llaves. Vaya ironía.
Y como no podía faltar en esta tragicomedia,
Y como no podía faltar en esta tragicomedia,
la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, también aparece en el reparto.
Según la Sala, ambos están tan entrelazados en este embrollo que sería absurdo abrir dos causas por separado. Como en una mala película de enredos, estos dos altos cargos de la justicia se ven arrastrados por el mismo escándalo. Lo que me pregunto es si esa "conexión inescindible" no es más bien el resultado de una Fiscalía que, últimamente, parece más una familia disfuncional que una institución de justicia.
Lo interesante del asunto es el modo en que el Tribunal Supremo describe los hechos. Se han tomado la molestia de citar correos electrónicos y notas informativas que circulaban como si fueran pasquines en una taberna del siglo XVIII. ¿Y todo para qué? Para tapar lo que todo el mundo ya conocía: que un particular estaba hasta el cuello en delitos fiscales y falsificación de documentos. Pero la cuestión no es el contenido, sino el procedimiento. Porque claro, si un particular es investigado y luego se filtran correos y detalles de sus acuerdos con la Fiscalía, la presunción de inocencia queda para la risa. Así que no es de extrañar que se cuestione si la revelación de esos datos no tendrá repercusiones en el derecho de defensa del acusado. Algo así como hacer público un juicio antes de celebrarlo.
En resumen, lo que debería ser un secreto bajo custodia judicial ha acabado en la prensa antes de que el propio acusado tuviera oportunidad de defenderse. Y ahora, el Tribunal Supremo se enfrenta al difícil reto de esclarecer quién filtró qué, cómo y por qué. Porque si bien los medios ya tenían la información antes de la famosa nota de prensa, el Tribunal nos deja con la duda de cómo accedieron a los correos electrónicos que estaban en manos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial. ¡Un misterio digno de Agatha Christie!
En conclusión,
Lo interesante del asunto es el modo en que el Tribunal Supremo describe los hechos. Se han tomado la molestia de citar correos electrónicos y notas informativas que circulaban como si fueran pasquines en una taberna del siglo XVIII. ¿Y todo para qué? Para tapar lo que todo el mundo ya conocía: que un particular estaba hasta el cuello en delitos fiscales y falsificación de documentos. Pero la cuestión no es el contenido, sino el procedimiento. Porque claro, si un particular es investigado y luego se filtran correos y detalles de sus acuerdos con la Fiscalía, la presunción de inocencia queda para la risa. Así que no es de extrañar que se cuestione si la revelación de esos datos no tendrá repercusiones en el derecho de defensa del acusado. Algo así como hacer público un juicio antes de celebrarlo.
En resumen, lo que debería ser un secreto bajo custodia judicial ha acabado en la prensa antes de que el propio acusado tuviera oportunidad de defenderse. Y ahora, el Tribunal Supremo se enfrenta al difícil reto de esclarecer quién filtró qué, cómo y por qué. Porque si bien los medios ya tenían la información antes de la famosa nota de prensa, el Tribunal nos deja con la duda de cómo accedieron a los correos electrónicos que estaban en manos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial. ¡Un misterio digno de Agatha Christie!
En conclusión,
estamos ante otro episodio más que demuestra que la justicia en España no es solo ciega, sino que, a veces, parece más bien tuerta y sorda.
El circo continúa, y nosotros seguimos comprando las entradas. Veremos cómo acaba esta tragicomedia, pero una cosa está clara: cuando la misma institución que debería proteger el proceso judicial es la que lo pone en riesgo, la credibilidad de la justicia se desploma.
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